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Terrenos de Rabasa donde se prevé construir Ikea y un macrocomplejo comercial.

La empresa que tumbó Rabasa alega a la ATE de Ikea y pide una indemnización millonaria

Tejas Cobert, que ganó el primer recurso contra el plan urbanístico, cree que no hay base para la declaración y cree que es un intento de «sortear» la nulidad judicial

Eva María Lahoz

Martes, 20 de mayo 2014, 09:42

La operación urbanística en la que está incluida la implantación de Ikea en Alicante no deja de encontrarse obstáculos en su camino. Los propietarios de suelo descontentos con la tramitación del plan Rabasa que lograron tumbarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) con sus recursos, no ven con buenos ojos la reconversión del mismo en la Actuación Territorial Estratégica (ATE) presentada ante la Conselleria de Territorio.

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SUS PASOS

  • Interesado.

  • El primer escrito que presentó es para exigir que se le considere parte interesada en la ATE, por ser propietaria de suelo en el sector.

  • Indemnización.

  • En el segundo escrito asegura que la ATE es heredera de Rabasa y que el perjuicio que le causa es el mismo, por lo que reclama indemnizaciones.

  • Contra la ATE.

  • En un tercer escrito desglosa los motivos por los que la ATE no debe aprobarse, por no cumplir los requisitos legales.

Entre ellos, la mercantil Tejas Cobert, que ha emitido tres informes dirigidos al departamento autonómico en los que deja entender de que puede recurrir de nuevo a la Justicia y tumbar la ATE.

En el primero, pide que se le tenga en cuenta como interesado en la tramitación, por ser propietario de suelo en el sector. En el segundo, tras recibir el visto bueno de Territorio y compromiso de ser informado del proyecto, reclama además que se le indemnice al menos en la misma medida en que iban a hacerlo en el plan Rabasa (como mínimo con 18,5 millones de euros). En el tercero, sube el tono y presenta una serie de alegaciones para desmontar la tramitación del proyecto urbanístico como ATE.

La mercantil explica que compró los terrenos para instalarse en el sector en 1995 y que instaló allí «uno de los centros de producción más importantes del grupo» vinculado, no solo al sector, sino a canteras cercanas de su propiedad de más de 800.000 metros cuadrados. Dicho centro tuvo que cerrar en 2009, a consecuencia del proceso de transformación urbanística que se inicia con la tramitación del plan Lagunas de Rabasa. Un proceso que comienza con la recalificación del suelo como residencial y terciario.

La empresa presentó entonces alegaciones al plan y logró que se incluyese en las cargas de urbanización un cálculo aproximado de la indemnización que debían facilitarle como consecuencia de los gastos y perjuicios derivados del cese de actividad. Un cese que, estima, le costó al grupo 18,5 millones de euros.

No obstante, la empresa volvió a alegar contra la modificación del plan inicial para incluir en el sector el centro de Ikea, dado que precisamente su parcela cambiaba de nuevo de calificación a suelo terciario, para construir allí el centro comercial. Esto implicaba una «pérdida de valor patrimonial» para la empresa. En aquella ocasión, pese a sus alegaciones, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprueba el PAI y firma el convenio urbanístico.

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Es entonces cuando Tejas Cobert acude a los tribunales, al igual que otros propietarios de terreno, tres de los cuales, ella incluida, ganan el procedimiento judicial y logran tumbar el plan urbanístico. Por lo que todos los acuerdos anteriores sobre indemnizaciones quedan anulados.

Ahora, se encuentra con que los mismos promotores presentan un nuevo proyecto urbanístico, bajo la fórmula excepcional de la Actuación Territorial Estratégica. Una propuesta «similar» a su juicio, a la anulada por los tribunales y con la que pretenden «sortear» la nulidad.

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A su entender, se trata de «un mismo proceso de transformación urbanística que todavía continúa, que tiene le mismo objeto y además afecta directamente a los mismos bienes, derechos e intereses» de la empresa. Por ello reclama que se le reconozca la misma valoración de sus bienes y derechos ya reconocidos en el plan Rabasa, además de una indemnización por los costes del cierre de la planta.

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