El Ayuntamiento descarta que Ikea pueda instalarse en la ciudad en esta legislatura

La reunión que mantuvo ayer el Colectivo de Comerciantes por Alicante, representante de 3.000 pequeños establecimientos de la ciudad, con las concejales de Urbanismo, Marta García-Romeu, y Comercio y Mercados, Belén González, no sirvió para acercar sus posturas enfrentadas respecto al macroproyecto urbanístico ligado a la instalación de Ikea en la ciudad.

Pero sí logró que por primera vez las representantes municipales admitiesen que Ikea no va a ser una realidad en el municipio al menos hasta la próxima legislatura.

Y es que aún le queda mucho recorrido burocrático que recorrer, suponiendo que se apruebe la ATE, para lo que falta aún recibir el informe del Ministerio de Fomento.

Los comerciantes advirtieron al Ayuntamiento que representan a cerca de 5.000 trabajadores alicantinos que están en contra del macroproyecto urbanístico si no se modifica, porque temen por sus empleos.

Así, resaltaron que son un colectivo a tener en cuenta. «Somos muchos y representamos un valor importante en una ciudad turística como Alicante», consideró Vicente Armengol, miembro de la directiva del Colectivo.

Dejaron claro, una vez más, que no están en contra de la llegada de Ikea a la ciudad, sino del macrocomplejo comercial que se ha diseñado junto a la tienda de la multinacional sueca en Rabasa.

Un macrocomplejo que, a su juicio, «va a romper el equilibrio comercial de la ciudad y a destruir puestos de trabajo».

El Colectivo aseguró que los comerciantes no entienden por qué Alicante «ha aceptado esa barbaridad entre las condiciones para la instalación de Ikea, cuando en su país de origen, Suecia, ese proyecto no habría salido adelante».

«Manos atadas»

Las ediles justificaron el apoyo del equipo de gobierno al proyecto urbanístico por los beneficios que aportará a la ciudad la instalación de una marca de referencia como Ikea. Además, resaltaron que en estos momentos tienen las manos atadas respecto a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) presentada, porque está en manos de la Generalitat. Motivo por el cual tampoco pueden ofrecer más información al respecto.

Los comerciantes dudaron de que los beneficios para la ciudad que pregonan los promotores del macroplan urbanístico vayan a ser tales y acusaron al Ayuntamiento y a la Generalitat de «falta de sensibilidad» por no haber realizado un estudio previo sobre la afección que este macrocomplejo comercial tendrá sobre los empleos del sector comercial de la ciudad y de la comarca.

En este sentido, Comercio volvió a escudarse en que la directiva europea Bolkenstein no contempla la realización de estos estudios como requisito previo a la concesión licencias de este tipo.

No obstante, el sector considera que el hecho de que no sea obligatorio no significa que no pueda o deba hacerse un estudio así antes de dar luz verde a un proyecto así.

En definitiva, tras el encuentro, que duró tres horas, los comerciantes salieron con la sensación de que la administración local no va a variar un ápice su apoyo incondicional al proyecto y advirtieron de que ellos tampoco van a cejar en su oposición al mismo. «Presentaremos alegaciones y haremos lo que tengamos que hacer para intentar parar el proyecto tal y como está planteado», explicó el presidente del Colectivo, Domingo Martín. «Nos queda el derecho al pataleo», señaló.

Tienen pendiente una reunión con la directora general de Comercio, Silvia Ordiñaga, para abordar el informe emitido por este departamento autonómico sobre la ATE de Rabasa. Los comerciantes le remitieron un escrito muy duro en el que criticaban que no les hubiese tenido en cuenta.