Richart achaca a una venganza política su procesamiento

Una vendetta por no votar lo dictado por la alcaldesa de Villena en los plenos municipales. Esa es la razón por la que el edil de Villena Centro Democrático (VCD) Juan Richart considera que lo han sentado en el banquillo de los acusados, aunque lo que se trata de dilucidar es si cuando Richart era concejal de Urbanismo, en mayo de 2008, retrasó tres meses la demolición de una vivienda ilegal propiedad de su mujer. El Ministerio Público se ratificó en sus conclusiones y mantuvo su petición de 8 meses de inhabilitación para ejercer como cargo público por prevaricación. Según la acusación pública, Richart dictó una resolución acordando la suspensión cautelar del expediente de reparación de legalidad urbanística.

«Han podido decir durante estos años que estoy imputado, pero no beneficié a nadie», manifestó el procesado en su último turno de palabra antes de que el magistrado presidente de la Sección Tercera dejase el juicio visto para sentencia. El edil alegó que su participación en el proceso no fue relevante y sostuvo que el asunto se destapó en plena fragmentación del Partido Popular de Villena por no votar los dictámenes de la alcaldesa, según dijo.

Por su parte, su defensa solicitó la libre absolución del procesado al considerar, entre otros aspectos, que firmó el documento sin realmente saber de su calado. Además, aseguró que no se trata de una resolución, sino de un oficio sin apenas valor administrativo. Simplemente, alegó el letrado, recibió una carpeta como edil de Obras y estampó su firma. Pese a parecer un total desconocedor de lo ocurrido, la Fiscalía no tuvo dudas de que el acusado actuó a sabiendas incurriendo en un presunto delito de prevaricación.

Según el escrito de acusación, Richart intervino para paralizar el derribo de la vivienda de su mujer sin justificar adecuadamente el motivo de la suspensión y teniendo entonces competencias de obras públicas, licencias de aperturas y cementerio, entre otras.