El Consistorio solo ha descontado 3.200 euros a Ortiz por las deficiencias en limpieza

Una de las incógnitas que flota en el aire desde que se adjudicó la nueva contrata de limpieza y recogida de residuos de Alicante es si se cumple realmente con el mayor control y las penalizaciones que el Ayuntamiento dijo que impondría a la UTE adjudicataria en caso de incumplimientos del pliego. Cuestión que, en parte, quedó ayer aclarada en el Pleno ordinario cuando, a pregunta del grupo municipal de UPyD, el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, dio la cantidad exacta que se le ha descontado este año a la concesionaria, por sanciones derivadas de incumplimientos.

Desde enero hasta la fecha, según reconoció el edil, se han descontado 3.200 euros en sanciones, si no se tiene en cuenta lo que se le quitó durante la huelga de enero (cerca de 250.000 euros).

Una cantidad realmente modesta si se tiene en cuenta que la UTE cobra una media de 36 millones de euros al año (435 en 12 años de contrato, aunque la cantidad varía cada año en función de las inversiones y amortizaciones). El portavoz de UPyD, Fernando Llopis, lo calificó de «broma» y lo puso en relación con las constantes quejas de los vecinos «en todas las juntas de distrito» y en diferentes foros sobre «las deficiencias e incumplimientos en la limpieza de las calles», sobre todo desde que entró en vigor la nueva contrata.

Para Llopis, el hecho de que el Ayuntamiento no sancione con más dureza estos incumplimientos significa que «está conforme con cómo se están haciendo las cosas, lo que es preocupante, porque solo hay 18 personas en Alicante que lo creen, los concejales del PP».

Llorens defendió que el Ayuntamiento tiene «tolerancia cero» con la UTE, pero añadió que los incumplimientos «no son solo de la empresa, sino también de los ciudadanos y colectivos concretos, como hosteleros y polígonos industriales», con los que, recordó, se está trabajando para mejorar.

Jacarandas con carné político

La otra gran contrata de Atención Urbana, la de mantenimiento de zonas verdes, también se vio sometida a juicio ayer en el Pleno. UPyD presentó una moción en la que reclamaba una comisión de investigación sobre posibles incumplimientos, después de recoger las críticas vecinales y del comercio sobre la falta de mantenimiento, sobre todo, de las jacarandas, y los consecuentes problemas que genera la plaga de pulgón que se ha adueñado de ellas.

En su turno, el PSOE desgranó, uno por uno, los incumplimientos del pliego en materia de personal y de obligaciones como la resiembra de zonas de césped deterioradas, la plantación de 50 palmeras, la reposición de plantas y maceteros, la conservación del mobiliario urbano y juegos infantiles dentro de los parques, la apertura y cierre, el material exigido o la limpieza de lagos en Lo Morant. Extremos que Llorens negó. El edil y su grupo se opusieron también a aprobar la comisión de investigación y defendieron que se están realizando tratamientos ecológicos y suelta de bichos (mariquitas) para parar la plaga.

Pero lo que más debate, y bastante jocoso, generó, fue el origen las jacarandas. Y es que Llorens admitió que se dan muchas quejas por este árbol, pero intentó eludir responsabilidades al asegurar que fueron los socialistas quienes los plantaron cuando gobernaban, a lo que el PSOE replicó, tras advertir de que algún día tendrían que ir a rescatar a algún ciudadano «pegado» al suelo por la resina que desprenden, que la mayoría están en zonas nuevas, como el PAU2, por lo que es imposible que las plantaran ellos. Finalmente, Llopis centró el punto, con su ironía habitual, al asegurar que «las haya puesto Lassaletta, que ha vuelto desde la tumba, o las plantasen los que se fueron en el 'Stanbrook'» lo importante es solucionar ahora los problemas que causan, no solo por falta de mantenimiento, sino de limpieza.

Acuerdo sobre vivienda

Sí se pusieron de acuerdo todos los grupos políticos, aunque solo en parte, para aprobar una moción de EU a propuesta de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, con una serie de medidas para garantizar el derecho a la vivienda a los alicantinos.

El PP pidió que los 12 puntos de los que constaba la moción se votasen por separado y se mostró a favor de los que pedían medidas municipales y reclamar al Consell y al Gobierno central que garanticen que las viviendas de propiedad autonómica o estatal se destinen a vivienda social y también al Consell que incremente el parque de vivienda pública.

EU pedía también que se crease una comisión específica para crear un registro de viviendas vacías y elaborar planes para destinarlas a vivienda social y para garantizar el agua y energía a las familias sin recursos. En este sentido, la portavoz del equipo de gobierno, Marta García-Romeu, se comprometió a incorporar estos puntos a la comisión de desahucios, que ya existe.

García-Romeu defendió que el Ayuntamiento es «pionero» en la puesta en marcha de planes de vivienda con la creación de la comisión antidesahucios, en ofrecer más de 800 viviendas públicas en alquiler y en programas como el de mediación, la oficina de intermediación en conflictos hipotecarios o las gestiones con los bancos para destinar sus viviendas a alquiler social.

Por otro lado, se aprobó por unanimidad el convenio con el Consell para las obras del colegio Manjón Cervantes, aunque todos los grupos de la oposición mostraron su inquietud por la cláusula que exime a la Generalitat de pagar sobrecostes.