A. RALLO
Miércoles, 4 de junio 2014, 00:44
La cuenta atrás para Rafael Blasco ha empezado a correr. El siete veces conseller de la Generalitat, condenado a ocho años de prisión por saquear los fondos destinados a Cooperación, dispone de 48 horas, que empezaron a contar ayer, para reunir los 200.000 euros que le salven de ingresar en la cárcel de Picassent.
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Su situación ha mejorado ligeramente. El pasado lunes, la Fiscalía pidió para él y para Tina Sanjuán, su mano derecha en la extinta conselleria de Solidaridad, su ingreso en prisión provisional. Como alternativa, en caso de que el tribunal considerara que no procede esta medida, solicitó una fianza de dos millones de euros para el exconseller.
La respuesta del TSJ, que se difundió ayer través de un auto, rechaza la primera de las opciones. Y respecto a la segunda, efectúa una rebaja más que considerable. El tribunal deja en 200.000 euros la fianza para que Blasco siga libre. El TSJ califica de «desproporcionada» la petición anterior y que no existe base que permita pensar en que dispone de ese patrimonio.
Admite el tribunal que Blasco, tras la condena a prisión y roto ya su arraigo político en la Comunitat pudiera fugarse. A esto se le suma el hecho de que al no hallar un importante patrimonio acorde «a la posición que cabe presumirle» pudiera tener medios para una hipotética huida de la Justicia, según se desprende del auto. Pese a lo anterior, el Tribunal considera suficiente la fianza de 200.000 euros. La fianza no necesariamente se tiene que aportar en dinero. Se pueden depositar otros bienes como garantía.
Tina Sanjuán también se libró de manera directa de la prisión. El TSJ dejó su fianza en 6.000 euros frente a los 600.000 que reclamó el Ministerio Público y a cuyas peticiones se sumaron el resto de las acusaciones. A ambos condenados se les retira el pasaporte y se les imponen comparecencias semanales en el juzgado.
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El tribunal también ha retirado el pasaporte al exsubsecretario de la conselleria, Alexandre Català, y le obliga a comparecer semanalmente en el juzgado; así como al ex jefe de servicio de Cooperación, Marc Llinares; al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y a una trabajadores de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera. Estos dos últimos ya habían entregado su pasaporte. Respecto al exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, el tribunal también le prohíbe la salida del territorio nacional y le ordena la entrega de su pasaporte. También acuerda comparecencias cada quince días.
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