Llorens acusa a Anticorrupción de favorecer su «linchamiento» y aclara que no dimitirá

El vicealcalde de Alicante y concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, seguirá en el 'caso Magallanes' el camino marcado por la alcaldesa, Sonia Castedo, en su propia imputación por la pieza separada de 'Brugal' relativa al Plan General de la ciudad. No va a dimitir y acusa a la Fiscalía Anticorrupción, como en su día hizo Castedo con el Ministerio público y la Policía, de provocar un «linchamiento, un juicio mediático, paralelo y político» de su caso. Algo de lo que, advirtió, se quejará a la Fiscalía General del Estado.

También acusó a la parte acusadora y a la Fiscalía de estar «dilatando el proceso» y exigió que se abra juicio «ya, de forma inmediata», para poder demostrar su inocencia.

El edil convocó ayer a los medios de comunicación para ofrecer sus primeras reacciones al escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción, hecho público hace unos días y al que, según Llorens, no han tenido acceso todavía ni él ni sus representantes legales. En dicho escrito, como publicó ayer este diario, la Fiscalía entiende que el vicealcalde cometió un presunto delito de prevaricación y falsedad documental al adjudicar las obras de la plaza Magallanes una vez terminadas. Y pide para él tres años de cárcel y nueve de inhabilitación.

Llorens acudió a la sala de prensa casi solo, apenas acompañado por dos de sus asesores, pero sin ningún respaldo del equipo de gobierno, y centró buena parte de su intervención en dar cuenta de su «profunda indignación» por haberse enterado del escrito provisional de acusación de Anticorrupción por la prensa. «A día de hoy no dispongo de esa calificación fiscal que debo dar por buena, lo que me deja en una situación de evidente indefensión y grave daño a mi honor», destacó.

Mala praxis

El vicealcalde criticó que la filtración del escrito es una violación de la instrucción del Fiscal General del Estado 03/05 del 7/4/2005 en la que se reseña que «como regla general, la entrega a los medios de escritos de calificación u otros informes solo podrá realizarse una vez que se hayan presentado ante el órgano jurisdiccional». También aludió a un auto del Tribunal Constitucional que pide que se eviten los efectos «perniciosos y espúreos de los irracionales juicios mediáticos» y pide que los fiscales tengan en cuenta en sus informaciones sobre acusaciones la presunción de inocencia.

«Parece que esto no es aplicable en Alicante, ni en mi caso ni en otros», apuntó. A su juicio, se han incumplido todas las instrucciones del Fiscal General, Tribunal Constitucional y de los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea «con la clara intención de provocar el juicio mediático y convertirme en culpable».

Por ello, acusó a Anticorrupción de «incumplir las buenas prácticas judiciales» y apuntó que este hecho es una muestra del «juicio paralelo, mediático y político» al que está siendo sometido, por lo que anticipó que presentará una queja ante la Fiscalía General del Estado para «pedir amparo».

Respecto al contenido de las calificaciones del fiscal, el concejal calificó de «barbaridad» y de «increíble» que se le acuse de prevaricación y falsedad documental y se pidan para él tres años de cárcel.

Sin presiones del partido

Llorens volvió a defender su inocencia en este caso y dejó claro que no piensa dimitir de sus cargos ni ahora ni cuando se le abra juicio oral porque, dijo, «una persona inocente no tiene por qué dimitir» y porque, además, no se lo ha pedido ni su partido ni la alcaldesa que, según Llorens, le ha dicho que no se lo va a pedir y que siga trabajando como hasta ahora.

El edil defendió que en el llamado 'caso Magallanes', en el que se adjudicó una obra de reforma de la plaza así llamada después de que se hubiesen acabado los trabajos, «no se benefició nadie más que a los vecinos y a la ciudad». Añadió que «no se presentó al concurso de las obras ni una empresa salvo la que había ejecutado la obra anterior, luego nadie vio lesionados sus intereses».

Reconoció, como ya había hecho antes, que el trámite administrativo «no se hizo bien» y que hubo «precipitación y error administrativo», pero, añadió, hablar de prevaricación y falsificación documental es «una barbaridad. Es increíble que a otras personas por blanqueo de capitales les pidan dos años y en mi caso, por un error administrativo, me quieran privar de libertad tres años».

Sobre el procedimiento judicial, el concejal consideró que se ha dilatado en el tiempo injustificadamente a consecuencia de la acusación particular, que es el PSOE, y que el Ministerio Fiscal lo «fomenta», ya que ha tardado dos meses en emitir las calificaciones para las que tenía un plazo de 10 días. El imputado pidió que se abra juicio oral «ya, de forma inmediata», para poder defenderse.

Por último, lanzó un aviso a la Fiscalía: «Entro en el juego para demostrar mi inocencia en el momento en que se me solicite y para acudir a instancias superiores para denunciar la situación de incumplimiento de directrices y demostrar que los juicios paralelos y mediáticos son el pan de cada día de esta ciudad».