El TSJCV se declara incompetente para juzgar a Alperi

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat se ha declarado incompetente para continuar con la causa abierta contra el exalcalde y exdiputado autonómico Luis Díaz Alperi (PP) por presuntos delitos fiscales, al no ser ya aforado, y se inhibe a favor de los juzgados de Alicante .

En un auto, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) considera que no tiene competencia para continuar investigando el asunto dado que ninguna otra de las personas imputadas en esta causa es aforada.

Por ello, se inhibe a favor de los Juzgados -de Instrucción, para la continuación de la fase intermedia, y de lo Penal, para la fase de juicio oral- de Alicante.

Por tanto, acuerda remitir la causa al decanato de los juzgados de Alicante para que desde aquí se reparta al que por turno corresponda, se complete la fase procesal intermedia en la que está la causa y sea remitida después a un juzgado de lo Penal para enjuiciamiento.

También ha acordado notificar a las partes personas esta resolución, contra la que cabe interponer recurso de casación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Díaz Alperi, que fue alcalde de Alicante, registró el pasado 9 de abril en Les Corts su renuncia al acta de diputado por motivos de salud.

La primera consecuencia de esta renuncia fue que dejó de ser aforado, por lo que su situación jurídica cambia de cara a las dos causas en las que figura como imputado: la que hace referencia a presuntos delitos fiscales y la relativa a la pieza del 'caso Brugal' que investiga presuntas irregularidades en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante .

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV acordó en diciembre de 2013 incoar procedimiento abreviado a Díaz Alperi por la supuesta comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública y otro de cohecho impropio.

En su auto, el magistrado, Antonio Ferrer, dio por concluida la instrucción de la causa, en la que están imputados, además de Díaz Alperi, tres empresarios por hechos que podrían ser constitutivos de tres delitos contra la Hacienda Pública.

Respecto a Díaz Alperi, el magistrado entiende que los hechos investigados podrían ser constitutivos de tres delitos contra la Hacienda Pública y otro de cohecho impropio.

La investigación se abrió tras una denuncia presentada por el ministerio público ante la Sala de Lo Civil y Penal del TSJCV.

La Fiscalía cree Díaz Alperi habría podido obtener rentas sujetas al IRPF, no declaradas por éste, correspondientes a los ejercicios de 2007, 2008 y 2010 y cuya regularización en vía administrativa supondría unas cuotas a ingresar superiores a 120.000 euros.

Para ello, según la denuncia del ministerio público, habría desplegado una serie de maniobras tendentes a su ocultación, valiéndose en principio de contratos simulados y de la colaboración de otros imputados, así como de ciertas empresas regentadas por ellos.

Inicialmente estos hechos se calificaron como posibles delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Con posterioridad, la imputación se amplió a un posible delito de cohecho impropio por la adquisición de un catamarán que pudo haber estado amarrado durante dos ejercicios en el puerto deportivo de Alicante sin satisfacer canon alguno en atención a la entonces condición pública de Díaz Alperi.

El exalcalde y exdiputado autonómico del PP declaró el pasado 29 de abril como imputado por esta causa ante el magistrado del TSJCV.

A su salida, Díaz Alperi aseguró haberse sentido "bastante satisfecho" con el resultado de su comparecencia y que "evidentemente" había defendido su inocencia.