La Audiencia Nacional tumba el ERE de la distribuidora de Coca-Cola

La justicia española anuló ayer el plan de ajuste de Coca-Cola Iberian Partners, única embotelladora en España de la multinacional de las bebidas, que preveía el despido de 1.190 empleados, ordenando la redmisión de los 821 ya despedidos, entre ellos 160 de la planta de Alicante más otros 160 puestos indirectos. La compañía, sin embargo, recurrirá el fallo y dice que éste no implica la reincorporación de los trabajadores.

Además de los despidos, muchos otros empleados tuvieron que aceptar traslados a la factoría de Valencia, donde la empresa ha centralizado ahora la producción de cristal, que hasta ahora pertenecía a Alicante.

La Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, «ha declarado nulo el despido colectivo de 1.190 trabajadores puesto en marcha por Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), de los que finalmente ejecutó 821, y que supuso el cierre de las fábricas de Fuenlabrada (Madrid), Mallorca y Asturias», además de Alicante, según un comunicado. «Además, obliga a la readmisión de los despedidos, con abono de los salarios dejados de percibir», agregó.

La compañía anunció inmediatamente que recurrirá esta decisión y no readmitirá a nadie de momento. «La nulidad no afecta a la situación de las cuatro plantas que se han cerrado. Tampoco supone la reincorporación automática de los trabajadores afectados, que tendrán que aguardar a una sentencia firme tras el recurso», afirmó Coca-Cola Iberia en otro comunicado.

La justicia, a la que acudieron los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, reprocha principalmente a Coca-Cola haber reunido, para negociar este Expediente de Regulación de Empleo (ERE), anunciado a finales de enero, varias de sus compañías en un mismo grupo, «sobre cuya constitución y efectos nunca se había informado ni negociado con los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas».

La Audiencia recuerda así que Coca-Cola decidió fusionar sus ocho empresas de embotellado en la Península Ibérica en una sola, encargada de embotellar todas las bebidas para España y Portugal.

Señala también «la falta de información suficiente» durante el periodo de consultas sobre este plan y estima que el derecho a huelga se vio impedido por la contratación de trabajadores para cubrir a las ausencias de los huelguistas.

La embotelladora española de Coca-Cola vivió importantes movimientos de protesta entre sus trabajadores, que consideraban las supresiones de puestos injustificadas ya que la empresa tiene beneficios, en un país afectado por un desempleo de casi el 26%. Entre otras acciones, habían llamado a boicotear los productos del grupo.

El plan preveía el cierre de cuatro de las once fábricas y la supresión de un 30% de los efectivos.

En un comunicado, el sindicato UGT «celebra la anulación del ERE de Coca Cola Iberian Partners». «Como hemos sostenido durante todos estos meses, Coca Cola IP era una empresa más que solvente, y esto hacía injustificable la medida regulatoria», afirmó.

«Por ello exigimos a Coca Cola IP que asuma la sentencia de la Audiencia Nacional y proceda a solucionar sus problemas empresariales abriendo una negociación con las centrales sindicales en la que el empleo no se vea afectado», agregó.

Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, «respeta» la decisión de la Audiencia Nacional de declarar nulo el Expediente de Regulación de Empleo de Coca Cola Iberian Partners, y no quiso entrar a valorar el fallo:

«El Gobierno no comenta las decisiones de los tribunales y las respeta profundamente, como es natural», señaló Báñez a la salida de la clausura del 'V Congreso Aranzadi Social' sobre la aplicación práctica de la reforma laboral.

Además de la resolución adoptada ayer por la Audiencia Nacional, todavía está pendiente de pronunciarse la Justicia sobre las denuncias presentadas por las organizaciones sindicales ante las presuntas acciones llevadas a cabo por la empresa contra el derecho de huelga de los trabajadores.