El Gobierno toma las riendas y asume de forma directa la deuda del Consell

El Estado ha vuelto a echar una mano a la Comunitat con el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA). El pasado jueves se anunció que la Generalitat recibirá 935 millones de euros, que corresponden al sobrante de este mecanismo para facilitar oxígeno financiero a las comunidades autónomas que no tienen acceso al crédito en los mercados. Una ayuda vital para que la administración autonómica pueda atender su deuda con distintos colectivos, que ya habían empezado a mostrar su impaciencia por el retraso en los pagos del Consell.

El Ministerio de Hacienda visualizó ayer su implicación en la resolución de este problema. El número dos de Cristóbal Montoro, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, mantuvo un encuentro con las farmacias y otro con colectivos de bienestar social. Todos ellos están afectados por los problemas financieros de la administración autonómica.

La decisión de Beteta tiene un significado político indiscutible. El Ejecutivo central viene facilitando desde 2012 auxilio financiero a la Comunitat Valenciana para evitar su quiebra. Solo en lo que va de 2014 ya ha recibido 2.846 millones del Fondo de Liquidez. La suma de todas las cantidades facilitadas por el Ejecutivo central -incluyendo línea ICO Vencimientos, el propio FLA y el plan de pago a proveedores- roza los 25.000 millones de euros.

Rendir cuentas

El rescate del Ejecutivo central a la Comunitat Valenciana desde 2012 es una realidad. Pero la reunión de ayer tiene un significado añadido. Fuentes del Consell y de la propia secretaría de Estado trataron de restar importancia a la participación de Beteta y las relacionaron con su presencia en un conferencia que se celebra hoy en Valencia. Pero otras fuentes entienden que lo que hace el Ejecutivo central es tomar las riendas de las negociaciones con estos colectivos para darles garantías de la implicación del Gobierno en sus problemas y de que se les buscará una solución a los impagos de la Generalitat.

Hace poco más de un año, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ya protagonizó un gesto significativo. A espaldas de la administración autonómica, convocó a los representantes patronales de las empresas de obra pública con presencia en la Comunitat para obtener información, de primera mano, respecto a cuáles eran las deudas que arrastraba con ellas el Consell. El de ayer no es un acto comparable al de aquella reunión, pero vuelve a poner de manifiesto la voluntad del ministerio que dirige Cristóbal Montoro de implicarse en la negociación de la Generalitat con los colectivos a los que la administración pública debe dinero. El Ministerio quiere asumir el protagonismo en lo que al reparto de esos fondos se refiere. Y aunque eso no signifique necesariamente una muestra de desconfianza hacia la Generalitat sí que implica como mínimo una voluntad de visualizar que Madrid se compromete en la búsqueda de soluciones, como si la garantía del Ejecutivo valenciano pudiera no ser suficiente.

Fuentes del Consell insistieron ayer, no obstante, que la presencia de Beteta servirá para que el Ministerio sea consciente, en primera persona, de las necesidades de una financiación más adecuada que sigue arrastrando la Comunitat.

En su primera reunión con los farmacéuticos, Beteta ofreció su explicación -la del Gobierno- y garantizó el pago de la deuda de la Generalitat. Trajo consigo la confirmación a farmacéuticos, así como a los sectores educativo y de bienestar social, de que el 2 de julio el Gobierno pagará de los 935 millones del FLA «para cubrir déficits de tesorería» y afrontar pagos pendientes de 2014 y de ejercicios anteriores.

Sus declaraciones no quedaron en un mero anuncio de lo que se espera que ocurra en los próximos días para que los acreedores de la Generalitat dejen de serlo. Tras la conversación mantenida con los presidentes de los tres colegios de farmacéuticos de la Comunitat, puntualizó que los gestores de las cuentas públicas valencianas tendrán que cumplir el requisito de comunicar al Ministerio «con carácter previo a qué van a destinar esos 935 millones, y pagar». Insistió en que se está dando «un apoyo muy fuerte del Gobierno de España, que busca recursos y apoya financieramente para que los colectivos cobren» y recordó que entre los compromisos a los que el Consell tiene que responder se encuentra pagar a las farmacias.

Para liquidar la deuda que el Consell mantiene con el colectivo, las partes plantearon abordar unas soluciones que para que lleguen a buen puerto requieren de la intervención la Generalitat, en particular la Conselleria de Hacienda. Así lo señaló Beteta cuando afirmó que se «han alcanzado soluciones que ahora tiene que rematar» Moragues.

Una de ellas es modificar el sistema de contabilización de las facturas de medicinas a fin de conceder mayor agilidad al mecanismo de cobro que en este momento se aplica y que dilata el proceso desde que el profesional dispensa el medicamento hasta que lo cobra. El secretario de Estado especificó que no se trata de un problema de «fallos contables, lo que quieren las farmacias es cobrar más deprisa» y ello hace necesario «cambiar la técnica de contabilización, ya que el sistema actual conduce a que haya un mes de retraso inevitable».