Llorens lleva a la Fiscalía General del Estado su queja por el 'caso Magallanes'

El edil de Atención Urbana y vicealcalde del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens (PP), ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por las filtraciones sobre la acusación de falsedad en documento público y prevaricación en el conocido como 'caso Magallanes' por parte del Ministerio Público, que solicita penas de cárcel por la presunta adjudicación irregular de las obras complementarias de la reforma de la plaza del barrio de La Florida. Según el escrito elevado al jefe de los acusadores públicos, Llorens asegura que se han vulnerado sus derechos como ciudadano y pide amparo del fiscal general.

El documento desgrana paso por paso las publicaciones en los medios de comunicación con respecto a la acusación formal por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El número dos de la alcaldesa Sonia Castedo, ya anunció el pasado 3 de junio que no tenía intención de dimitir por el asunto y se sumó a las acusaciones de «linchamiento» y «juicio paralelo» con un discurso calcado al que hizo en su día la regidora a cuenta de su imputación en el 'caso Brugal', por el que se investigan las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de la capital alicantina.

Es ahora, al final de la investigación del Juzgado de Instrucción 4 de Alicante, cuando Llorens acusa a la Fiscalía Provincial de filtrar «voluntaria o involuntariamente», como señala en el escrito, documentos con respecto a su presunta implicación en los hechos y pide que se dé con los culpables de las revelaciones.

Llorens denuncia que la filtración del escrito de acusación es una violación de la instrucción del Fiscal General del Estado 03/05 del 7/4/2005 y pide que se lleve a cabo una investigación para determinar si la información se facilitó desde la Fiscalía de Alicante. En el mencionado caso, el vicealcalde pide que se adopten medidas de corrección y, en su caso, «de sanción», para corregir «la irregularidad» que dice que se ha producido en esta investigación, por la que se puede dictar en breve el auto de apertura de juicio

El responsable de Atención Urbana sostiene en el escrito trasladado a la Fiscalía General del Estado que se «incita» al público a formar opinión «pro o contra las partes del procedimiento». Además, lamenta Llorens que «no se respeta la presunción de inocencia» en las publicaciones aparecidas en prensa antes de sentarse siquiera en el banquillo de los acusados.

No obstante, de lo que no cabe duda es que Anticorrupción reclama para el concejal popular tres años de cárcel por la falsedad y otros nueve de inhabilitación especial por el delito de prevaricación, así como seis meses de multa a razón de 12 euros diarios. «Por decisión personal», sostiene el acusador público, «fue adjudicada de facto y fuera de todo procedimiento legal» la ejecución de los trabajos.

El representante del fiscal sostiene que Andrés Llorens «adulteró» el acta de aprobación de las obras con fecha de 16 de julio de 2009, actuación que tacha de «clamorosa ilegalidad». Todo ello, para dar «apariencia y cobertura legal», como se recoge en el escrito, a unos trabajos complementarios que comenzaron a ejecutarse tiempo atrás, a principios de ese mismo año. Así, se habría entregado la obra a la firma que ya se encargó de la reforma, Coinger SL, sin pasar presuntamente por los procesos legales pertinentes.

La Concejalía de Atención Urbana se encuentra asediada por la sombra de la sospecha, pues no solo la Plaza Magallanes trae de cabeza a los responsables de la delegación municipal. Otras concesiones y contratas cuentan con investigaciones judiciales para determinar si se produjeron irregularidades en su tramitación o adjudicación, como es el caso de las obras del Plan E o la contrata del cementerio entregada al empresario Enrique Ortiz.