El coste del cierre de RTVV asciende a 144 millones de euros

Los costes laborales y de asesoría jurídica derivados del cierre de Radiotelevisión Valenciana ascienden a 144,1 millones de euros, según ha explicado hoy el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, en la comisión de control de RTVV de Les Corts.

Aunque ha matizado que "habrá que esperar a su total extinción para conocer el coste del proceso", Císcar ha cuantificado en 86,1 millones de euros las indemnizaciones a los alrededor de 1.600 trabajadores, en 56,4 millones los salarios hasta mayo y en 1,5 millones los costes de asesoría.

La asesoría jurídica se contrató con Price Waterhouse Coopers, Garrigues y Acción Laboral por 674.000 euros y con Equipo Humano y KPMG por 871.000 euros.

Tras explicar estas cifras, Císcar ha considerado "discutible" que los costes de los salarios sean atribuibles al cierre, porque "en realidad son de personal".

Los grupos de la oposición han criticado que estos costes no contemplan "el precio de no disponer de una televisión pública en valenciano" y han reprochado que hubiesen podido redundar en una televisión autonómica "redimensionada".

Además, Císcar ha afirmado que declarar Bien de Interés Cultural el archivo audiovisual y el fondo documental de Radiotelevisión Valenciana supondría una "dificultad añadida" porque "habría que pedir autorización a todos los autores vivos".

La petición de protección BIC, que ha sido formulada por el Consell Valencià de Cultura y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, sería "una posible herramienta para la protección -según Císcar-, pero no es la única", y ha pedido que se deje trabajar al consejo de liquidación, que "sigue escrupulosamente lo que marca la ley".

Mientras la sociedad RTVV en liquidación mantenga su personalidad jurídica "no se puede aprobar nada relacionado con el fondo audiovisual ni el archivo documental", si bien "la dirección general de Cultura tiene previsto que sea la Filmoteca la que se haga cargo del archivo audiovisual y que sea el Archivo Histórico el que se responsabilice de la documentación administrativa", ha recordado.

"En todo caso, el archivo esta completamente protegido por ley, es inalienable, inembargable e imprescriptible, y disponemos de las herramientas necesarias para su correcta conservación, el Consell sabe de su importancia, no es ajeno a la situación y ya tiene previsto mecanismos para la conservación", ha afirmado.

El diputado socialista Josep Moreno ha criticado a Císcar por afirmar que la liquidación de RTVV costaría unos 70 millones de euros, cuando según sus cálculos podría alcanzar los 300 millones.

Asimismo, ha preguntado si pondrá a disposición de empresas audiovisuales dicho archivo a "coste cero", ha ironizado al afirmar que "meter el archivo de RTVV en la filmoteca es como ubicar la Sagrada Familia en la Muntanyeta dels Sants de Sueca" y ha advertido de la cantidad de medidas técnicas y humanas que se requieren para el inventariado y conservación del archivo audiovisual.

Al respecto, Císcar ha negado que el archivo tenga las dimensiones a las que ha aludido Moreno: "Ocupa una octava parte de la segunda planta del centro de producción, unos 600 metros cuadrados, y hay aproximadamente unas 50.000 horas digitalizadas".

También el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha considerado que el vicepresidente no conoce el estado real del archivo de RTVV, que se encuentra en situación de "dificultad" y sin la "digitalización correcta", y ha pedido que no hagan nada que lo perjudique porque su partido tiene intención de poner de nuevo en marcha la radio y la televisión pública.

La diputada de Esquerra Unida Esther López ha considerado que hay aproximadamente unas 250.000 cintas de vídeo Betacam y ha advertido de que no están totalmente inventariadas y que "caducan".

Desde el grupo popular, Sagrario Sánchez ha considerado que "el tema esta hablado y explicado, y ya en la última reunión de la comisión se reconoció la importancia del archivo y de su conservación".

Tanto PSPV como Compromís han expresado sus quejas al inicio de la comisión porque no se convocaba desde hacía ocho meses y algunas de las comparecencias solicitadas se habían presentado hace casi un año, al tiempo que han pedido la comparecencia de los liquidadores en la misma.