Los jueces alicantinos instan al nuevo conseller a lograr mejoras para la provincia

El nuevo conseller de Justicia, Luis Santamaría, ya ha visto de primera mano cómo quedará la Audiencia Provincial de Alicante, unas obras que, si todo va según lo previsto, estarán listas en septiembre de este año. A su fin, le seguirá la reforma integral del Palacio de Justicia de Alicante, en el barrio de Benalúa, como ya anunció su antecesor en el cargo, Serafín Castellano. De la ciudad, el nuevo responsable autonómico se lleva el saco lleno de reclamaciones en materia, sobre todo, de recursos humanos.

El conseller mantuvo una reunión «no de cortesía, de trabajo», como él mismo la definió, con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, el presidente del órgano provincial, Vicente Magro, el juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, y el fiscal jefe, Jorge Rabasa, entre otros. Los representantes alicantinos aprovecharon para pedir al conseller que medie con el Ministerio para mejorar los recursos en la provincia, guante recogido por Santamaría.

«Sabemos de las dificultades presupuestarias», arrancó Vicente Magro tras la reunión mantenida con Santamaría. No obstante, hizo patente al conseller la necesidad de que los cuatro jueces que refuerzan las secciones penales «sean fijos». La principal preocupación del magistrado en este sentido en la celebración próximamente de al menos 90 'macrojuicios' o de especial complejidad, que se pueden prolongar hasta las tres semanas.

Mientras, el decano del Palacio de Justicia, Juan Carlos Cerón, trasladó las necesidades más acuciantes de la sede, más allá de la reforma del edificio que echa por tierra cualquier opción de que se haga realidad una Ciudad de la Justicia para la capital alicantina. Sobre esto, el conseller reiteró la intención del Consell de iniciar la primera fase al término de la obra de la Audiencia, para cuya ejecución se emplearían 500.000 euros. Al margen de los trabajos futuros, Cerón solicitó que se cree un servicio de ejecuciones penales y un juzgado de lo Penal, principalmente, para dar salida al elevado volumen de asuntos de violencia de género.

Gracias a la llegada de dos nuevos jueces de adscripción territorial en Penal a Benalúa, ambos órganos quedarían cubiertos y darían solución, en parte, al atasco de trabajo que padece la sede alicantina pese a los esfuerzos por concluir los procedimientos. Además, recalaron en la ciudad otros dos magistrados para juzgados de lo Social y otros dos para Civil.

En cuanto a la reforma integral de la antigua cárcel, la primera fase servirá para el aprovechamiento de espacio, como ya se ha hecho en la Audiencia. Es decir, eliminar pasillos y aunar juzgados, de modo que los despachos queden amplios. Estos trabajos comenzarán por el patio de los naranjos y por el juzgado de guardia, en la planta baja del edificio.