La trama de fraude masivo con los cursos de formación de UGT-A se extiende a Alicante

La trama de fraude masivo vinculada a los cursos de formación de UGT en Andalucía tiene ramificaciones en la provincia de Alicante. Así se desprende de la operación desarrollada ayer por la Unidad Central Operativa (UCO) en el municipio de Agost, donde los especialistas de la Guardia Civil detuvieron a dos representantes de una empresa de suministros de material de oficina y papelería, entre otros productos, y realizaron un exhaustivo registro de esta mercantil.

Los investigadores relacionan a esta sociedad, Carpetas Abadías, con la trama de presuntas facturas falsas de UGT-A para justificar las acciones formativas financiadas con fondos de la Junta de Andalucía y que supuestamente se desviaron a otros fines. Con estas dos detenciones la cifra global asciende a 16 en el marco de la segunda fase de la 'Operación Cirene', según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.

Integrantes del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO se personaron ayer a primeras horas de la mañana en el polígono industrial La Escandella, en el municipio de Agost, donde, tras detener a dos mujeres y llevar a cabo una inspección de las instalaciones, requisaron diverso material que puede resultar útil para sus pesquisas. Inicialmente, la Guardia Civil imputa a estas representantes de la empresa un delito de fraude en subvenciones.

La segunda fase de la 'Operación Cirene', desarrollada por la UCO bajo la coordinación y dirección de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, comenzó a primera hora del pasado martes y concluyó inicialmente con 14 personas detenidas en Sevilla (7), Madrid (5), Jaén (1) y Tenerife (1), tres de los cuales han estado o están actualmente vinculadas al sindicato. Así, tres de los detenidos son trabajadores o extrabajadores de la organización sindical, entre los que se encuentra el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda, que fue responsable de las finanzas del sindicato y que fue detenido en Tenerife, donde, según las fuentes consultadas, se encontraba «de vacaciones».

Asimismo, el resto serían representantes de las empresas que supuestamente realizaron facturas falsas al sindicato para que éste, a su vez, justificara las subvenciones que recibía de la Junta de Andalucía para cursos de formación. Entre ellas, la UCO situaría a la mercantil alicantina, que, sin embargo, según ha podido saber este diario, defiende la absoluta legalidad de todas sus actuaciones.

Además, y en la jornada del martes, la UCO efectuó media docena de registros en las provincias de Sevilla, Madrid y Jaén. La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha permitido definir «diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato». Los investigadores van más allá y estiman que «la vía más importante en la financiación» de UGT-A «podría haber sido esta presunta práctica ilícita».

Según la UCO, estos procedimientos «eran ejecutados por personal que trabajaba para UGT-A, el cual sería dirigido por un responsable de la citada organización». Se trataría de un fraude que «se realizaba de manera sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el transcurso del tiempo». Fue la Audiencia Provincial de Sevilla la que acordó que la juez Mercedes Alaya dejara de investigar el caso de las presuntas facturas falsas de UGT-A y que dicha investigación, iniciada a raíz de las numerosas denuncias presentadas por Manos Limpias, recayera en el juez Juan Jesús García Vélez, ante quien deberán declarar las dos arrestadas en Alicante, ya que entiende que esta causa no guarda relación alguna con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.