Las dos detenidas en Agost por el caso de las facturas de UGT-A quedan libres

Las 16 personas detenidas, dos de ellas en Agost, por las presuntas facturas falsas de la UGT-A para justificar subvenciones han quedado libres sin fianza y el juez únicamente ha impuesto la personación en el juzgado cada 15 días al extesorero del sindicato y a la exsecretaria de Gestión Económica.

Los tres sindicalistas y trece empresarios fueron detenidos en una operación simultánea de la Guardia Civil desarrollada el martes y el miércoles en Sevilla, Madrid, Tenerife, Alicante y Jaén, dentro de la investigación del juez de instrucción 9 de Sevilla sobre las presuntas facturas falsas presentadas por la UGT para justificar subvenciones de la Junta de Andalucía para formación.

Federico Fresneda, vicesecretario de Administración de la UGT-A entre 2005 y 2013, declaró al juez que él no era el encargado de solicitar las subvenciones y que las facturas le llegaban ya elaboradas con el cargo y el programa correspondiente. Fuentes del caso informaron de que el sindicalista afirmó no saber nada de facturas infladas y precisó que la Comisión Ejecutiva de la UGT-A era informada de todo lo que se hacía en la gestión del sindicato. Antes que Fresneda quedaron libres María Charpín, exsecretaria de Gestión Económica de la UGT-A, quien reconoció que era la responsable del equipo que gestionaba las subvenciones, pero aseguró que siempre se hizo «cumpliendo la ley y el correspondiente reglamento andaluz».

Charpín, en la actualidad miembro de la comisión federal de garantías de la UGT, ha declarado que no sabe nada de las operaciones conocidas como «rappel» y «bote», con las que supuestamente en las compras de grandes cantidades se conseguían unos descuentos que no eran reflejados en las facturas y que quedaban a disposición del sindicato. También compareció Dolores Sánchez Montaño, encargada de compras, quien explicó que su trabajo consistía en recibir el listado de necesidades, comprobar si existía presupuesto y encargar los correspondientes servicios. .

El juez Juan Jesús García Vélez ha imputado a estos tres sindicalistas delitos de falsedad y fraude en subvenciones, los mismos que imputó el miércoles a los diez empresarios de Sevilla, Jaén y Madrid que suministraban a UGT, quienes alegaron que siguieron instrucciones del sindicato, que creyeron actuar legalmente y que esperan demostrar documentalmente sus afirmaciones. Algunos de ellos reconocieron haber cambiado conceptos en las facturas, pero no haberlas «inflado» en su cuantía.

Las dos detenidas en Agost como representantes de la compañía Carpetas Abadías, de suministro de material de oficina y papelería, también han quedado en libertad con cargos, sin medida cautelar alguna, tras comparecer ante el juez de Novelda.