Alertan de los retrasos del Consell en el pago a familias de acogida

La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) denunció ayer el «retraso» en los pagos de la Generalitat que están sufriendo familias con niños tutelados en la Comunitat Valenciana y que, en algunos casos, han llegado a provocar que «les corten la luz». Por su parte la Conselleria de Bienestar Social recalcó que no se trata de una situación generalizada, sino que «afecta solo a 79 de las 494 familias educadoras» y que es debida a «cuestiones de trámites administrativos». Aseguró que se van a regularizar los pagos durante la primera quincena de julio.

El sindicato informó ayer, a través de un comunicado, de que «en la Comunitat Valenciana hay más de 1.200 menores acogidos en familias distintas a las de origen, para la atención de sus necesidades básicas y afectivas, de los que poco más de 500 menores están bajo la guarda o tutela de la Generalitat, y están acogidos por familias educadoras, y unos 700 están acogidos por familia extensa (abuelos, tíos o vecinos)».

En esta situación, prosiguieron, se encuentran centenares de familias en las que son los abuelos (también tíos, o familia extensa o allegada) quienes atienden a 2 o 3 nietos ante la dificultad o dejación de funciones de sus padres. En muchos casos los únicos ingresos provienen de una exigua pensión del abuelo, con la que ha de hacer frente al cuidado de sus nietos.

«Muchas de estas familias prosigue no pueden afrontar ni siquiera los gastos para la alimentación de estos menores; a algunas familias se les ha cortado la luz por falta de pago. Se trata de familias vulnerables que intentan cuidar a niños de familiares o de vecinos que no prestan a los menores el cuidado necesario», insistieron. Para el sindicato, «la solidaridad de estas familias contrasta con la insensibilidad del Consell que no prioriza el pago de las escasas ayudas, a pesar de los constantes informes que exponen los alarmantes índices de pobreza infantil».

Desde la federación manifiestan que las ayudas deben cubrir los gastos de manutención de los menores acogidos, «pero resultan muy escasas para atender tratamientos médicos o psicológicos».