Brugal, Magallanes y Rabasa monopolizan el Pleno más tenso de toda la legislatura

Pleno tenso el que se vivió ayer en el Ayuntamiento de Alicante. Los asuntos domésticos de la ciudad quedaron totalmente relegados por la polémica que han suscitado las últimas revelaciones acerca de los casos Brugal, Rabasa y Magallanes, que centraron buena parte del debate. Además, la sesión congregó a numeroso público, que protestó vivamente y acabó siendo desalojado a mitad de Pleno por la alcaldesa, Sonia Castedo.

Para añadir más leña al fuego, el edil 'díscolo' del PP, Juan Zaragoza, intervino en el Pleno sin que lo supiesen previamente en su grupo y para ratificarse en sus acusaciones hacia Llorens. Y el concejal socialista Gabriel Moreno se saltó la disciplina de voto y apoyó la petición de referéndum sobre la monarquía o república de EU.

Además, fue una sesión muy bronca en la que hubo varios encontronazos entre el equipo de gobierno y la oposición, interrupciones bruscas, discusiones y Castedo llegó a decirle al portavoz de EU «usted se calla la boca» en determinado punto.

La oposición en bloque reclamó la dimisión de Castedo y el vicealcalde, Andrés Llorens, por sus respectivas imputaciones en la pieza separada del caso Brugal relativa a la tramitación del PGOU de Alicante y el caso Magallanes, que investiga la adjudicación de las obras de esta plaza después de haberse ejecutado, respectivamente. Además, salieron a relucir las escuchas del caso Rabasa, relativas a la tramitación de este plan urbanístico del empresario Enrique Ortiz, todavía en fase de instrucción.

Además, pidieron una comisión de investigación sobre las acusaciones del edil del PP Juan Zaragoza hacia su compañero Llorens, en las que acusaba a éste de presionar a los técnicos en el caso Magallanes. Y una comparecencia ante el Pleno del edil de Atención Urbana y vicealcalde para hablar de este mismo caso.

Tres propuestas que fueron secundadas en bloque por la oposición y tumbadas por la mayoría absoluta del PP.

La petición de reprobación y dimisión de la alcaldesa y el vicealcalde corrió a cargo del grupo municipal de EU. El portavoz, Miguel Ángel Pavón, resaltó que Llorens «está a punto de sentarse en el banquillo por el caso Magallanes» y Castedo «está imputada por tres presuntos delitos por la pieza separada del caso Brugal relativa a la tramitación del PGOU, bajo sospecha por el caso Rabasa, en la que se la podría imputar también y aparece mencionada como posible colaboradora en el caso de financiación irregular del PP». Por ello, consideró que deben dimitir ambos «de inmediato».

El edil citó frases textuales de las escuchas del caso Brugal y despertó los aplausos del público cuando mencionó, en particular, las presuntas maniobras de la alcaldesa para echar a Pedro de Gea del Colectivo de Comerciantes por Alicante por su oposición al plan Rabasa. Y es que entre los presentes había un buen número de comerciantes, que han decidido en masa declararle la guerra a Castedo tras conocer estas maniobras. La alcaldes advirtió por primera vez entonces al público de que está prohibido aplaudir. Como no le hicieron caso, se rió e ironizó con que se trataba de la 'clá' de la oposición la que estaba aplaudiendo, porque había muchos representantes de Compromís y de EU entre el público. «Qué bien, qué bien, la clá, aplaudan», señaló.

Desde UPyD recordaron que su apuesta siempre ha sido que los imputados «deberían dimitir y ocuparse de sus asuntos judiciales» porque, dijo, «los ciudadanos nos exigen ejemplaridad», indicó el portavoz, Fernando Llopis.

Y Miguel Ull, el portavoz del PSOE, les instó a dejar sus cargos por «dignidad personal e higiene democrática».

El PP eludió intervenir en este punto, para no dar lugar a una segunda ronda de palabra, por lo que se procedió directamente a la votación. El PP tumbó la propuesta con su voto en contra, aunque el edil Juan Zaragoza no lo votó, porque se ausentó estratégicamente del Pleno antes de hacerlo.

«Juicio y castigo»

Mientras, en el público continuaban las protestas y comenzaron a gritar consignas como «dimisión» o «vergüenza». Un grupo de jóvenes sacó carteles en los que se veía a Castedo junto al empresario Enrique Ortiz sobre el lema «Juicio y castigo», que les fueron retirados de inmediato por la Policía. Ya antes un grupo de Compromís había intentado, sin éxito, sacar una pancarta en la que podía leerse «Bienvenidos a la república independiente de Enrique Ortiz».

Comenzó entonces el debate de la siguiente moción de EU, que reclamaba un minuto de silencio antes de los plenos por cada víctima de «terrorismo machista», un término que se cambió por «violencia de género» por petición del resto de grupos, que apoyaron la moción. UPyD despertó la indignación del público cuando aludió a otros «terrorismos», como «el etarra» y a que «los hombres también son víctimas». El jaleo que se montó sirvió a la alcaldesa, Sonia Castedo, para cumplir sus amenazas y desalojar al público del Pleno, por segunda vez, ambas en este último año.

Más adelante en el Pleno fue el grupo municipal socialista el que retomó los asuntos judiciales al pedir en una moción la comparecencia del concejal Andrés Llorens para dar explicaciones ante el Pleno por el caso Magallanes. El edil socialista Gabriel Moreno señaló que aunque el caso está en los tribunales para dirimir la responsabilidad penal de Llorens, «la responsabilidad política debe sustanciarse en el Pleno». El resto de los grupos de la oposición se mostró conforme con la iniciativa, que tumbó el PP.

Llorens intervino para decir que ya ha dado «toda la información que tenía que dar sobre este caso» en los cuatro años que han pasado desde que se inició en los tribunales. Aunque volvió a defender, eso sí, que se trató de un caso de «responsabilidad política en el que se antepuso el interés de los vecinos a las meras formalidades administrativas».