EU denuncia ante la Fiscalía a Cotino por favorecer a firmas de su familia

Con un carro cargado de documentación y flanqueada por los dos «pesos pesados» de su organización, Marga Sanz e Ignacio Blanco. Así se presentó ayer la diputada de Esquerra Unida (EU) en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Esther López, poco después de las 11 de la mañana, para presentar una denuncia ante la Fiscalía contra el actual presidente de Les Corts, Juan Cotino.

El motivo es el supuesto trato de favor que, según la coalición de izquierdas, el entonces conseller de Bienestar Social dispensó a las empresas Gerocentros del Mediterráneo y Centros Residenciales Savia, controladas por miembros de la familia Cotino. Ambas compañías se dedican a la gestión de centros para la tercera edad.

Lo que contenían las cajas de documentos que Esther López transportó al TSJ eran los expedientes de las adjudicaciones hechas por Cotino en 2009. Según López, esas contrataciones se hicieron públicas un mes después de que el presidente de Les Corts dejara Bienestar Social, pero su resolución se había producido mientras estaba aún al frente de esa conselleria.

La joven diputada explicó que las principales beneficiarias de esas concesiones fueron las empresas vinculadas a los Cotino. Además, señaló que el procedimiento por el cual se adjudicaron los contratos fue «negociado sin publicidad», y criticó que este hecho se volviera a repetir en el concurso de 2013, con Asunción Sánchez Zaplana al frente de la conselleria, y con Savia y Gerocentros de nuevo como principales beneficiarias.

EU, que aseguró que, en este caso, Bienestar Social les ha concedido «absolutamente toda la documentación» que habían solicitado, relaciona las concesiones en cuestión con las conversaciones telefónicas aparecidas recientemente en el marco del 'caso Brugal'.

Algunos de esos diálogos aparecen mencionados en la denuncia. En concreto, uno de ellos es el que se produjo entre el constructor alicantino Enrique Ortiz -que participa en las mismas empresas que la familia Cotino y que se encuentra actualmente imputado en 'Brugal'- y Arturo Alario, consejero delegado de Centros Residenciales Savia, en el que ambos «se jactaban» de que Cotino «les llenaba los geriátricos», según apunta el escrito entregado por la coalición de izquierdas a la Fiscalía.

Asimismo, EU también denuncia que Cotino amplió el número de plazas de residencias subvencionadas para aumentar la financiación pública que recibían los centros gestionados por las firmas de su familia. Así, Savia vio multiplicado casi por tres el número de plazas de residencias subvencionadas por la conselleria de Bienestar Social.

Pero no sólo eso, sino que además, según la formación liderada por Marga Sanz, Cotino incrementó el precio público de esa financiación de 43 euros diarios por cada plaza en noviembre de 2008 a 58 euros en octubre de 2009. Esto significa que las residencias subvencionadas por el Consell, de las cuales un 40,8% pertenecían a las empresas de la familia Cotino, vieron aumentadas las ayudas públicas en 15 euros diarios por plaza en menos de un año. Finalmente, la denuncia de EU afirma que los geriátricos controlados por los Cotino «siempre han tenido prioridad en los pagos», algo que, según señalan, «ha reconocido públicamente el propio Consell».

Ante estos hechos, Esther López consideró que el presidente de Les Corts «debería dimitir ya», porque, sea finalmente imputado o no, «la falta de ética y moralidad es manifiesta». Y añadió que, en cualquier caso, su formación se propone «llegar al final para ver si realmente se produjo un delito en la adjudicación de las residencias».

Por otra parte, la Coordinadora de Plataformas de la Dependencia de la Comunitat Valenciana acordó también ayer presentar a lo largo de este mes una denuncia por los mismos motivos argumentados por EU. Además, anunciaron que presentarán una Iniciativa Legislativa Popular en Les Corts «para exigir la derogación de los copagos impuestos por el Consell».