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EU pide que comience "sin mayor dilación" la instrucción del caso Rabasa

Miguel Ángel Pavón señala que su formación política reclama que llamen a declarar como imputados a Sonia Castedo, Luís Díaz Alperi y a Enrique Ortiz

EFE

Martes, 8 de julio 2014, 17:52

Esquerra Unida (EU) ha pedido al Juzgado número 6 de Alicante que comience a instruirse "sin mayor dilación" la pieza del 'caso Brugal' sobre el plan Rabasa y llame a declarar como imputados a la alcaldesa, Sonia Castedo, a su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y al empresario Enrique Ortiz, entre otros.

Así lo ha anunciado el portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante , Miguel Ángel Pavón, quien ha señalado que su formación política ha formalizado dicha solicitud en un escrito registrado hoy en ese juzgado, a través de su abogado José Luis Romero, en el que incluye también la petición de llamar a declarar como testigos a diez personas, entre ellas, el socialista Ángel Franco.

EU concreta en su escrito el inicio de la instrucción de la pieza del 'caso Brugal' relativa al plan Rabasa y la llegada de Ikea a sus terrenos en el requerimiento de la práctica de dos "diligencias de investigación".

Por una parte, que se llame a declarar en calidad de imputados a las ocho personas contra las que EU dirigió la denuncia con la que en 2012 consiguió reactivar esta pieza de Brugal por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre los que se encuentran Castedo, Díaz Alperi, Ortiz y el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante , Enrique Sanus.

Por otro lado, EU demanda que acudan a declarar en calidad de testigos diez personas.

Según Pavón, tres de esas personas son funcionarios municipales, otras tres "trabajan para Enrique Ortiz o prestan sus servicios al empresario", dos más "trabajan para Ikea" y las otras dos son el socialista Ángel Franco y "el anterior presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues".

En su escrito, EU expone que, como acusación particular, "no ha contado con los audios de las conversaciones intervenidas, que otras partes sí han dispuesto".

A este respecto, destaca que "ha podido escuchar con asombro, en diferentes medios de comunicación, reproducciones parciales de las mismas".

Según Esquerra Unida el "juzgado ha de dotar a todas las partes personadas de idéntica documentación para no incurrir en desigualdad, con resultado de indefensión proscrita por el artículo 24.2 CE".

Además de tener acceso a la documentación completa de la que disponen las demás partes, audio y transcripciones, EU solicita toda la documentación existente en la actualidad o en el futuro referente a la tramitación del plan Rabasa y la instalación en suelos de ese sector de la tienda Ikea y "el macrocentro comercial a ella asociado".

EU se opone "radicalmente a que no puedan ser copiados los archivos de audio que estén relacionados con la causa", cuando, según esta formación política, "ya obran en poder de algunas partes".

La investigación en torno a las presuntas irregularidades del plan Rabasa fue inicialmente archivada en 2008 por el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante , aunque, tras un recurso de EU, la Audiencia Provincial instó en mayo del año pasado a su reapertura.

EU presentó en octubre de 2012 una denuncia ante este juzgado en la que solicitaba la reapertura del auto de diligencias previas sobre la tramitación del plan Rabasa por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

La formación de izquierdas entiende que algunos testimonios y pesquisas de la policía judicial que se llevaron a cabo a raíz de la pieza del 'caso Brugal' por la que se investiga el presunto amaño en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante están relacionados con el plan Rabasa.

A finales de 2013, EU aportó al juez trece documentos sobre esta causa para tratar de demostrar que la ubicación de Ikea en el barrio alicantino de Rabasa "esconde un pelotazo urbanístico" de la multinacional sueca y del empresario Enrique Ortiz.

En mayo pasado, la Audiencia de Alicante desestimó un recurso interpuesto por Enrique Ortiz en el que se pedía invalidar las escuchas telefónicas intervenidas sobre las presuntas irregularidades en la tramitación del plan Rabasa.

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