Esquerra Unida solicita al juez que acelere la instrucción del 'caso Rabasa'

«Sin mayor dilación». Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante ha pedido al juez que instruye el conocido como 'caso Rabasa' que dé un impulso a la investigación. Asegura la formación de izquierdas que poco se ha hecho para indagar en el asunto dos años después desde que formularan su denuncia para reabrir la causa en octubre de 2012 en un escrito que ha remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital alicantina, cuyo titular es Juan Carlos Cerón.

Hasta el momento, tan solo se ha reclamado a Orihuela la documentación relativa a la pieza separada del 'caso Brugal', de cuyas escuchas se desprende la pieza que afecta a los terrenos en los que se ha de implantar Ikea, que fue puesta a disposición de las partes junto con material obrante en otras causas. No obstante, el también decano del partido judicial de Alicante pidió a la Policía un informe para determinar la implicación de los denunciados.

Mediante esta investigación se deberá dilucidar si el Ayuntamiento de la capital alicantina permitió un plan parcial para construir 13.500 viviendas en 4 millones de metros cuadrados de superficie, además de un área comercial y favorecer la llegada de la multinacional sueca del mueble Ikea aprovechando los cargos públicos para dar un pelotazo urbanístico. Por la vía administrativa, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya ha tumbado en varias ocasiones la aprobación, homologación y adjudicación del Plan por parte de la Generalitat y el Consistorio.

De ahí que los nombres de la actual alcaldesa, Sonia Castedo, su antecesor, Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz vuelvan a asociarse a los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Por ello EU ha pedido su imputación y también la del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, la funcionaria Isabel Campos, un alto cargo de la Conselleria de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña, actualmente presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y dos altos cargos de carreteras del Ministerio de Fomento, Enrique Peiró y Francisco Javier Criado.

Al mismo tiempo, se ha solicitado que testifiquen una decena de trabajadores del Consistorio de Alicante, del Grupo Cívica, de la multinacional Ikea e, incluso, el político socialista Ángel Franco.

Se muestra contrariada EU por el hecho de que solo se haya solicitado una documentación que se ha pedido a las partes que devolvieran por contener información más allá de la pieza de Rabasa sin que, por ejemplo, la coalición tuviese acceso a los audios de la conversaciones que otros sí han podido escuchar, según informó el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón.

Por este motivo, en el escrito presentado ayer mismo por la formación a través de su letrado, José Luis Romero, reclaman al instructor para no incurrir en desigualdad.

Mientras tanto, el juez aguarda la llegada del informe de la Policía que ha de determinar el papel que ha jugado cada presunto implicado en la cocción del Plan Parcial Las Lagunas de Rabasa. Hasta ahora, las conversaciones han mostrado a los protagonistas abordando el asunto sin pudor.