Dependientes con «míseras» ayudas

No se cansan de luchar para reivindicar sus derechos. Más que hartos de los recortes que están sufriendo, familiares y dependientes salieron ayer en una protesta en Alicante para recordar una fecha que ha supuesto un mazazo para el colectivo. Se cumplen ahora dos años de la entrada en vigor de las medidas de ajustes del Gobierno central para ahorrar y que en el caso de la dependencia ha dejado -según denuncian- a la gran mayoría de afectados con «míseras» ayudas, a muchas de sus familias abocadas a la pobreza y exclusión social, residencias y centros cerrados y otros al límite de la clausura y trabajadores sin cobrar durante meses. El sector, según dicen, está «destrozado» y «al borde de la desaparición».

«Ahora mismo hay 3.364 personas menos atendidas por la Conselleria de Bienestar Social, mientras que más de 16.800 grandes dependientes están esperando su resolución PIA», resumía ayer Miquel Martorell, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante, para dejar claro que la Comunitat sigue a la cola del país en su aplicación.

Convocados por la plataforma, casi un centenar de personas se congregaron en las puertas del Prop y recibieron el apoyo de miembros del 22-M, que pasaron la noche anterior acampados frente al edificio de la Generalitat como medida de protesta. Con carteles donde mostraban su malestar por el «recorte de los derechos», muchos hacían referencia a las grabaciones hechas públicas y registradas por la Policía en el 'caso Brugal', con conversaciones entre el empresario alicantino Enrique Ortiz y Vicente Cotino, sobrino del presidente en Les Cortes, y copropietarios de varias residencias de ancianos. Presuntamente buscaban que el Consell cortase las ayudas a las familias de dependientes para llenar los centros geriátricos.

«No vamos a consentir que se nos trate de esta manera tan salvaje. No somos ni trozos de carne ni mercancía», advertían ayer los dependientes, que recordaron que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. «Es una indecencia; nosotros somos personas que vivimos, sentimos, luchamos y lloramos, no esa chusma sin moralidad», afirmaba un miembro de la plataforma, al tiempo que los asistentes pedían la dimisión del presidente de Les Corts, Juan Cotino.

Los datos que maneja la plataforma muestran que con los recortes han sufrido una diminución de las prestaciones económicas entre un 30% y 70%. Al que menos «le han quitado 200 euros», denunciaron. Un tijeretazo que se ha agravado con el copago farmacéutico y que ha obligado a afectados a no poder seguir manteniendo la compra de todos sus medicamentos. Por si faltaran más trabas, están a la espera de lo que ocurra con el copago en centros de día, ocupacionales y residenciales. Una aportación económica que entró en vigor en el mes de enero y que iba a llevar a muchos dependientes a tener que dejar el servicio, pero que apenas unos cuantos centros de la provincia están aplicando. «Vamos a emprender una iniciativa legislativa popular para que se retire», aseguraron.