Los empresarios exigen a Fabra más rigor en su línea roja contra la corrupción

El debate sobre la corrupción política llegó al seno de una de las principales organizaciones empresariales de la provincia. La junta directiva de la patronal de pymes Cepyme analizó en profundidad este problema social y exigió al presidente del Consell, Alberto Fabra, más rigor en la aplicación de la línea roja que él mismo trazó hace unos meses. Además, tras conocerse las recientes escuchas del denominado 'caso Brugal' en las que está supuestamente involucrada la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, junto al mayor contratista del Ayuntamiento y propietario del Hércules, Enrique Ortiz, para maniobrar contra el expresidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, Pedro de Gea Lozano, Cepyme pide a la Fiscalía Anticorrupción que «proceda como en derecho corresponda para perseguir las posibles actuaciones delictivas».

Los empresarios del comercio, del metal, de la consultoría y de otros muchos sectores agrupados en Cepyme, con el presidente y vicepresidente quinto de Coepa, Cristóbal Navarro, a la cabeza manifestaron en la cita (celebrada en la Zona Volvo), que son necesarias «contundencia y tolerancia cero ante la corrupción y la mala imagen que ésta proyecta sobre los empresarios, la ciudad y la provincia de Alicante, porque no todos somos iguales, no se puede generalizar», destacó Navarro en la lectura de un informe, avalado por la junta.

Cepyme añade que «estamos cansados y hartos de que ciertas mafias dominen los concursos públicos y de las dobleces de la Administración para contratar, algo que, por desgracia, es práctica habitual». Cristóbal Navarro dijo, según recoge una nota enviada por Cepyme, que «hay la sensación de que siempre sean para las mismas empresas las contratas administrativas, hasta el punto de que a algunas de ellas únicamente concurren los 'llamados' a cubrirlas, porque es un secreto a voces la inmensa corruptela que existe en el ámbito de la Administración Pública». Cepyme añade que varias de las asociaciones empresariales integradas en ella se han quejado en las últimas semanas sobre «una lacra que perjudica a su actividad y genera desconfianza y descrédito de nuestra imagen en el resto de España y el extranjero».

Por ello, la patronal de pymes muestra su «enérgica repulsa» y asume un comunicado reciente de la patronal del comercio, Facpyme, sobre las presuntas maniobras de Castedo y Ortiz para situar a Pedro de Gea como consejero del Hércules tras sacarlo del colectivo opositor al Plan Rabasa y la llegada de Ikea y su gran área de influencia y, a renglón seguido destituirlo. Cepyme aprovecha para pedir a la Fiscalía Anticorrupción que «proceda como en derecho corresponda para perseguir las posibles actuaciones delictivas que contengan las conversaciones» policiales sobre el 'caso Brugal', «en particular las que atañen a las presuntas injerencias de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en contra del expresidente Pedro de Gea». Cepyme agrega que la actuación del fiscal es determinante porque «estas supuestas actuaciones irregulares siembran la alarma social».

A Fabra, la patronal de pymes pide que, «de forma inmediata, contenga la marea de putrefacción que inunda el buen nombre de las instituciones y proceda a intervenir para restablecer la confianza del ciudadano en las instituciones y sus representantes». «Basta ya de líneas rojas que no se cumplen y basta ya de la vergüenza de los que cada día luchamos con nuestro esfuerzo y sacrificio y los recortes que nos han impuesto para sacar adelante esta Comunidad, inmersa en un problema que no hemos creado y estamos pagando».

Además, la junta de Cepyme dijo que las reclamaciones sobre infrafinanciación de la Comunitat por parte de los políticos «llegan con retraso y poco margen de presión».