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EFE
Sábado, 19 de julio 2014, 00:43
La portavoz del Consell, María José Catalá, manifestó ayer que la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que posibilitará la llegada de Ikea a Alicante tiene la valoración positiva de los técnicos de la Conselleria de Infraestructuras, «con independencia de quiénes sean los promotores», y no es susceptible de «mala praxis».
En la rueda de prensa posterior al pleno, Catalá señaló que Ikea se levantará en los terrenos que en su día iban destinados al plan Rabasa, a una organización promovida por el empresario Enrique Ortiz, plan que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano y está pendiente de decisión del Tribunal Supremo.
Ni la Generalitat ni el Ayuntamiento recurrieron al Supremo tras el fallo del TSJCV, pero sí Ortiz, recordó la consellera, para quien «el asunto no está en manos enteramente de la Generalitat», porque si el Supremo le da la razón, Ortiz puede ejecutar el Plan Rabasa «tal y como lo planteó».
De esta forma, la ATE Alicante Avanza, de la que Ortiz es también uno de los promotores, «no se llevaría a término nunca», agregó la consellera, quien resaltó que, en todo caso, Ortiz tendrá que optar por el Plan Rabasa o por la ATE. La Generalitat «no ha instado, ordenado ni sugerido a Ortiz nada sobre su estrategia empresarial».
Explicó que en esa ATE el promotor es el que tiene que plantear todo el proceso de urbanización y de reparcelación y la Conselleria de Infraestructuras será la que apruebe el proyecto. Según Catalá, el Consell «es consciente» de todos los procesos judiciales que afectan a esta cuestión y acatará las decisiones que se produzcan, ya que se trata de «un tema técnico y sometido a criterios judiciales».
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