«Muchos ciudadanos quedarán fuera del acceso a la justicia gratuita»

El Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (Icali) acogió ayer un encuentro para abordar lo que será la nueva norma del Gobierno de Rajoy para acceder a la justicia gratuita. Los letrados contaron con el presidente de la Comisión del Turno de Oficio del Consejo General de la Abogacía, Javier Lara Peláez, quien, acompañado del decano Fernando Candela, no esconde su parecer con respecto del documento del que dice que «vulnera derechos fundamentales» y que además «sienta las bases para la privatización de la Justicia».

Los profesionales del sector no entienden el por qué de una ley llevada a cabo por el Ministerio de Economía y en la que también interviene Justicia. «Con lo poco, mal y tarde que paga actualmente la Administración, nos encontramos ante un sistema que es referente internacional», sostiene Lara. Un añadido más a los costes que significaron las tasas judiciales, cuya aplicación, asegura, han incrementado un 18% los casos de personas que necesitan abogados de oficio.

Los nuevos criterios, muy «economicistas», recogen, entre otros aspectos, nuevas tasas que antes no existían o el límite del uso de la justicia gratuita hasta tres veces por año. «El proyecto parte de la presunción de abuso del ciudadano», como afirma Javier Lara. Además, los togados ven cómo de nuevo ven recortados sus honorarios, al perder la minuta. A esto se le suma que en la Comunidad Valenciana los recortes en 4 años han sido del 40%.

El Gobierno incluye a colectivos enteros que será beneficiarios de este servicio (víctimas de violencia de género, del terrorismo, de la trata de seres humanos o discapacitados), sin importar sus ingresos «lo que puede llevar a desajustes presupuestarios». En cambio, personas sin unidad familiar con ingresos de 1.200 euros no podrán hacer uso del servicio.