La Justicia tumba el recurso socialista contra la adjudicación de las basuras a Ortiz

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Alicante ha dictado ya sentencia en el recurso interpuesto por el concejal socialista Gabriel Moreno para tratar de impugnar la adjudicación de la contrata de limpieza viaria y recogida de residuos. Un contrato que el Ayuntamiento de Alicante adjudicó en julio de 2013 a la UTE Alicante, participada por el empresario Enrique Ortiz. La magistrada desestima este recurso, que se basaba en la presunta elección errónea del tipo de contrato, pero lo hace sin entrar a valorar el fondo del asunto.

Los socialistas apoyaban toda su argumentación en que el contrato elegido, el de gestión de servicios públicos, no era el adecuado para la limpieza y recogida de residuos, sino que debería haberse elegido el de servicios, dado que la adjudicataria no tiene, a su juicio, riesgo y ventura, condición indispensable para elegir el primer tipo de contrato. Las diferencias entre ambos son sustanciales, entre ellas que la duración de los contratos de servicios está mucho más limitada y que su licitación debe ser publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La inadmisión se sustenta en que, en opinión de la juez, la adjudicación del contrato no es un acto administrativo susceptible de impugnación. Y es que considera que la elección del tipo de contrato, en la que se sustenta el recurso, es un acto firme y anterior al acto de adjudicación y que, por tanto, los socialistas deberían haberla recurrido cuando se adoptó formalmente.

Esta decisión da la razón al Ayuntamiento y a la UTE Alicante, que alegaron contra la demanda de los socialistas en este mismo sentido, mediante dos recursos de reposición. Lo que sorprende es que ambos recursos de reposición fueron rechazados por el juez titular de este juzgado, que más tarde fue sustituido por la magistrada que ahora dicta la sentencia en sentido contrario al que apuntaba el anterior juez.

Decisión firme

El Ayuntamiento y la adjudicataria consideraban que el recurso de los socialistas debía inadmitirse por haberse presentado cuando la elección del tipo de contrato ya era firme. Aludían a que existe un acuerdo de Pleno de septiembre de 2012 en el que se aprobó determinar que la gestión de estos servicios seguiría siendo indirecta, como en la anterior contrata, y que se realizaría mediante un contrato de gestión de servicios públicos. Un acuerdo plenario que, destacaban, no fue recurrido por los socialistas. Además, destacan que existe otro acuerdo más anterior al de adjudicación, y es la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de la convocatoria del concurso, en el que se especificaba el tipo de contrato.

Contra este segundo acuerdo, el grupo municipal socialista interpuso un recurso especial en materia de contratación, que fue rechazado por el Ayuntamiento y que podría haberse llevado después a un contencioso, pero no lo hicieron.

En un primer momento, el juez desestimó estos recursos por entender que el acto recurrido por los socialistas, la adjudicación, es un acto «autónomo, independiente y recurrido en plazo legal». Dejaba, eso sí, para el dictado de sentencia el análisis de los argumentos sobre los que se sustentaban.

Ahora la juez considera que estos argumentos son válidos, por entender que, dado que existen dos actos administrativos previos que explicitan la naturaleza de gestión de servicios públicos del contrato y que no fueron recurridos, no cabe ahora recurrir la adjudicación, que considera una «reproducción de otros actos anteriores definitivos y firmes por no haber sido recurridos en tiempo y forma».

Desde la Concejalía de Atención Urbana se mostraron ayer satisfechos con la sentencia y manifestaron que en ningún momento habían dudado de que sería favorable al Ayuntamiento.

Aunque finalmente la juez no se ha pronunciado sobre si el tipo de contrato elegido es el correcto o no, desde el Consistorio siempre han defendido que la elección es correcta y que sí existe riesgo y ventura para la adjudicataria. Entienden que elegir el contrato de servicios, como pedían los socialistas, sería inviable, porque limita la concesión a cuatro años y en ese plazo no podrían amortizarse las inversiones necesarias.