El juez procesa a tres exconsellers y a una veintena de altos cargos por el 'caso Gürtel'

El juez que investiga el caso Gürtel en Valencia presentó ayer una enmienda a la totalidad a la gestión del Consell entre los años 2003 y 2009, con el auto por el que da por cerrada la investigación de la pieza 5 del caso, que investiga los contratos menores de la Generalitat con Orange Market. En un extenso documento de 263 páginas, José Ceres procesa a los cabecillas de la trama y a una veintena más de exaltos cargos del Consell, entre ellos, los exconsellers Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado y el diputado autonómico David Serra.

El magistrado pone así fin a una larga instrucción que había puesto el foco sobre los contratos menores que la trama dirigida por Francisco Correa y Pablo Crespo, consiguieron en la Comunitat a través de la filial Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. En el auto que finiquita esta quinta pieza de las seis en que se dividió el caso (con la de ayer ya hay dos finalizadas), el magistrado cuestiona el modo en que la Generalitat, a través de los órganos de contratación de numerosas consellerias y organismos dependientes, eludió las normas de contratación pública de manera «irregular y plural» para beneficiar a la trama. Ceres describe en su exposición de motivos por los que procesa a 27 personas el «similar modus operandi de actuación por parte de los gestores efectivos» de la trama que, «sin práctica experiencia ni solvencia profesional» acabaron por llevarse las múltiples contrataciones investigadas consideradas como punibles.

Irregularidades

En concreto, el magistrado detalla numerosas irregularidades apreciadas a lo largo de los cinco años de investigación entre las que destaca el sistemático «fraccionamiento intencional» de los contratos con el objetivo de «evitar acudir al procedimiento o concurso negociado». Así, la mayoría de los contratos adjudicados a la trama tenían un importe inferior a los 12.000 euros que la ley establece para los acuerdos mercantiles menores. «El fraccionamiento llegó a realizarse en un principio incluso en favor de la misma sociedad Orange Market», con pequeñas facturas correlativas hasta completar el importe total, pero después se comenzó a realizar «en favor de otras sociedades del grupo» Correa, para no levantar sospechas. Para el instructor, «sorprende la tolerancia del fraccionamiento, cuando no presunta indicación de la propia Administración, después de conocerse que el único interlocutor contratista en Orange Market» y como organizador único de la mayoría de eventos o prestador de servicios, llegó a separar facturas de un mismo acto para convertirlas en menores.

Y es que Orange llegó a descomponer en distintas facturas, por ejemplo, el alquiler y montaje de muebles para un acto, y el alquiler y montaje de las moquetas para el mismo acto. Además, el juez habla de contratos que comenzaban a ejecutarse antes de que se publicaran los pliegos de condiciones, o incluso servicios en los que los pliegos se hacían a posteriori, en función de las ofertas que presentaba alguna sociedad de la trama.

El instructor pone de manifiesto la falta de control que la Administración permitía para contratar con la trama, generalizada en casi todas las consellerias a través de los pagos a cargo de la famosa caja fija. Algo sobre lo que pusieron en alerta incluso varios interventores delegados de las distintas consellerias durante su declaración. El Consell «usó técnicas que dificultaban el ya de por sí deficitario control y fiscalización de la facturación y contratación de los contratos menores a través de la caja fija». Una actuación que Ceres considera que «busca dificultar la ya de por sí mermada fiscalizaciónd e la contratación menor», ya que su supervisión se reducía a una simple comprobación de la existencia de la aprobación del gasto por un alto cargo, y la competencia del órgano adecuado. El magistrado pone también la lupa sobre lo «llamativa que resulta la intención -del Consell- de poner cortapisas a la Intervención cuando se van presentando para su pago las facturas con intermitencia a pesar de ser del mismo evento, para evitar los posibles reparos que podría poner el interventor ante fraccionamientos extremadamente sospechosos».

Aunque nunca se ha llegado a cuantificar el importe que la trama logró con todos los contratos menores que le fueron adjudicados (porque no era el objeto de la investigación según fuentes del proceso), lo cierto es que un informe de la Intervención General llegó a cifrar en más de siete millones de euros el importe que Gürtel consiguió de la Generalitat. Aunque fuentes judiciales aseguran que el importe podría superar esa cifra.