Vicente Navarro niega que cometiera una estafa con vehículos eléctricos

El empresario Vicente Navarro, hermano del que fuera delegado del Consell en Alicante, Juan de Dios Navarro, considera que se ha dañado su honor al acusarle su exsocio en una firma de fabricación y venta de motocicletas y bicicletas eléctricas de presuntamente haber cometido los delitos de estafa y de falsa contabilidad, así como un delito societario y otro fiscal. Así lo hizo constar ayer en los juzgados de la capital alicantina, donde se celebró el acto de conciliación por la demanda interpuesta por atentar contra su honor. Pese a ello, la vista concluyó sin acuerdo, pues la parte demandada se opuso a lo argumentado por la representación letrada de Navarro.

Asimismo, el propio Vicente Navarro se defendió de las acusaciones a las puertas de los tribunales de la calle Pardo Gimeno antes del acto, celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 6, y aseguró a este diario que «es todo falso». No obstante, el empresario señaló que cuenta con documentación «que contradice» la versión del creador de la mercantil que le ha denunciado que, no obstante, explicará en su momento.

Mientras tanto, un juzgado de instrucción investiga la denuncia del exsocio de Navarro tras su admisión a trámite semanas atrás. Según relata en el documento, el creador de la firma de vehículos eléctricos en 2011 acusa a Navarro de apropiarse de 100.000 euros, que serían los que tuvo que entregar como inversión inicial del capital. Además, le acusa de generar «falsas expectativas de negocio» , como narra en la denuncia presentada en el juzgado de guardia en abril de este mismo año.

Sin embargo, el juez todavía no ha solicitado la práctica de ninguna diligencia, pues estudia cómo puede afectar el hecho de que también se solicite la imputación, si lo estima oportuno, del diputado autonómico del PP en Les Corts Juan de Dios Navarro, por su condición de aforado.

De forma paralela, un juzgado de Ávila investiga si la firma de vehículos eléctricos podría haber falsificado parte de los productos que fabrica a raíz de la denuncia de un distribuidor abulense. Por ello, la Guardia Civil irrumpió en las instalaciones de la marca a finales de 2013 en el marco de la 'Operación Tamuja' y detuvo a dos personas en relación con estos hechos. Según la denuncia, la empresa estaría comprando motocicletas y bicis de otras marcas a las que presuntamente reemplazaba los adhesivos identificativos para vender el producto más caro.

Según informó el Instituto Armado entonces, la falsificación podría ascender a los 300 vehículos y el valor de los presuntos beneficios fraudulentos obtenidos podría superar el millón de euros.