El Gobierno pedirá a la UE compensaciones por el veto ruso

Los representantes de las organizaciones agrarias y de las principales asociaciones de exportadores de la Comunitat Valenciana y del resto de España llegaron ayer al Ministerio de Agricultura -donde habían sido citados de urgencia para analizar las consecuencias del veto ruso a los productos europeos- preocupados y hasta desconcertados por la actitud inicial del Gobierno central ante esta crisis. A la salida del encuentro, sin embargo, la sensación era distinta, de alivio, tras comprometerse la ministra, Isabel García Tejerina, a defender ante la Comisión Europea sus principales reivindicaciones.

España pedirá a Bruselas la retirada (financiada con fondos europeos) de las miles de toneladas (unas 50.000, según el sector) de frutas, verduras y otros alimentos que, al no poder venderse en Rusia, se están quedando en el mercado interior de la UE, provocando una peligrosa bajada de precios. Algunos productos, como el melón, han caído un 50% en los últimos días.

García Tejerina compareció ante los medios para señalar que «lo primero» que quiere el Ministerio es que la Comisión Europea «reaccione de forma urgente» y adopte medidas «a la máxima velocidad» para «evitar en la medida de lo posible cualquier perturbación» de los mercados. La ministra recordó que la retirada debe ser financiada a través del fondo de gestión de crisis que se aprobó en la última reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

El Gobierno ya tenía prevista la retirada de 10.000 toneladas de melocotones y albaricoques (que se destinarán a ayuda humanitaria) por la crisis de precios que vive el sector en los últimos tiempos. Ahora, esa caída se ve agravada por el veto ruso, y el Ejecutivo pedirá a Bruselas que se amplíe el volumen y la lista de productos que se beneficien de la medida. La solicitud se hará este jueves, durante la reunión del Comité de Gestión de la PAC. Después, García Tejerina volverá a reunirse con los agricultores y exportadores españoles para comunicarles el resultado de sus gestiones, previsiblemente el próximo lunes.

Los representantes de los empresarios y sindicatos del campo (presentes o no en la reunión de ayer) salieron moderadamente satisfechos. El secretario de La Unió de Llauradors, Ramón Mampel, dijo que «esta crisis también puede perjudicar al mercado interior, ya que los compradores nacionales querrán comprar los productos a un valor más bajo» por culpa del excedente de producción que habrá por no vender a Rusia.

El sector agroalimentario acudió haciendo piña y dispuesto a contraponer sus cifras a las que ha defendido el Gobierno central desde que estalló la crisis. El Ministerio habló la semana pasada de pérdidas «limitadas», cifradas en 337 millones de euros porque las exportaciones directas a Rusia apenas suponen el 1,8% de las ventas al exterior de España. Los empresarios, sin embargo, hablan de entre 1.000 y 1.200 millones de pérdidas potenciales (más de 140 millones en la Comunitat Valenciana) porque advierten de que la mayoría de las exportaciones a Rusia no son directas, sino que se producen a través de intermediarios en terceros países, fundamentalmente de Holanda y Polonia.

El Ministerio «no era muy consciente de la gravedad de la situación» hasta ayer, subrayan los agricultores. Pero más allá de la diferencia en los datos, si algo resultó desconcertante para muchos afectados fueron las palabras del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que llegó a decir el viernes que el cierre de Rusia a los productos europeos podría ser «un acicate, un estímulo» para el sector.

Burocracia comunitaria

Aunque García Tejerina mantuvo ayer sus cifras frente a las de los empresarios, al menos ambas partes coincidieron en las medidas que son necesarias de forma inmediata. Sin embargo, ahora queda convencer a Bruselas.

Los mensajes trasmitidos ayer desde la Comisión descartan medidas inmediatas y amenazan con enredarse en la habitual burocracia de tomas de decisiones. «Podemos apoyar a los agricultores si hay problemas, pero necesitamos analizar primero el impacto potencial», aseguró el portavoz de Agricultura del Ejecutivo comunitario, Roger Waite. En su opinión, todavía es «demasiado pronto» para discutir las cantidades exactas de compensación. Waite se remitió a lo que acuerden el próximo jueves en la reunión del Comité de Gestión con los Estados, aunque lanzó un mensaje claro: «La cuestión de la compensación va a durar mucho más».

El dirigente de AVA-Asaja, Cristóbal Navarro, fue un poco más allá y advirtió de que, «si la ministra no consigue acuerdos», las asociaciones saldrán a las calles para expresar su opinión, ya que «Europa se está equivocando y lo pagamos todos los ciudadanos».

La ministra anunció que se reunirá con representantes de la distribución para que este sector «contribuya con la promoción en España del consumo de las frutas y hortalizas». El aumento del consumo interno y la búsqueda de mercados alternativos al ruso son dos de las vías con las que se pretenden paliar las consecuencias negativas del cierre de las fronteras de Rusia a los productos europeos.