Los altos cargos tendrán que hacer públicos los regalos que reciban

«Todo euro que salga de la caja de la Generalitat tendrá la publicidad suficiente para que cada ciudadano sepa cuál es su destino». José Císcar, vicepresidente y conseller de Presidencia, entre otras competencias, resumió con esta frase el anteproyecto de ley de transparencia que ayer aprobó el pleno del Consell. Una iniciativa que obligará, por ejemplo, a crear y a hacer público un listado de los regalos que reciben los altos cargos en función de su labor y el destino que se ofrezca a esos presentes.

La futura ley también determinará que al menos el 10% del salario de los altos cargos de la administración autonómica estará en función del cumplimiento de una serie de objetivos -los fijará cada conseller o el pleno del Consell- y que también se haga público el gasto de caja fija por órgano directivo y de manera detallada para que se sepa, por ejemplo, si la cocina del Palau compra un arreglo de paella, de cocido o un paquete de papas.

«Este Gobierno se cree la transparencia y con esta ley no hay refugio para la opacidad», aseguró Císcar, que compareció junto a su sucesora como portavoz del Consell, María José Catalá. El autor del anteproyecto aseguró que la iniciativa se aprobará en Les Corts antes de finalizar la legislatura y entrará en vigor seis meses después de su aprobación, ya en el próximo mandato. Anunció que se va a enviar el texto a los portavoces parlamentarios con el fin de consensuar el texto del proyecto de ley «en las próximas semanas». El ciudadano tendrá hasta el próximo día 25 para participar en la redacción.

El número dos del Ejecutivo valenciano detalló que la futura norma establecerá la información que debe hacerse pública, como los presupuestos, la financiación, los contratos formalizados, los convenios de colaboración, las subvenciones y ayudas públicas, las cuentas anuales, las retribuciones de los altos cargos, el endeudamiento, los bienes muebles e inmuebles, el coste de los estudios de opinión, los acuerdos del Consell, personal, los interinos, los liberados sindicales y el ya mencionado registro de obsequios, así como los viajes fuera de la Comunitat Valenciana con las respectivas dietas y gastos de representación.

En este sentido, el vicepresidente reconoció que con esta ley en funcionamiento resultaría «muy difícil» que se pudiera repetir casos judiciales como el que sentó en el banquillo al expresidente Camps.

Císcar dijo que son admisibles los regalos que sean «por costumbre o por el uso de la cortesía». En este sentido puso como ejemplo recibir «una caja de tomates» o una pluma cara de marca. «El primero lo daríamos a Cáritas o a Cruz Roja y en el segundo caso, habría que devolverlos», destacó.

De todos modos, Císcar matizó que el asunto de los regalos que los altos cargos puedan aceptar o rechazar tendrá que especificarse en el futuro reglamento que regulará esta futura ley.

El uso de tarjetas de crédito también quedará prohibido en la nueva legislación, «aunque hace tiempo que ya no se usan», matizó.

También se tendrán que hacer públicas las licitaciones, las empresas que concurran a estas y el por qué de la adjudicación, las cuenta de las entidades privadas o personas jurídicas que perciban ayudas más de 10.000 euros anuales de la Generalitat o cuyos ingresos anuales estén financiados en al menos un 40% procedentes de fondos públicos. Ahí entrarán partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que reciban dinero de la administración.

Además, la ley introduce dos mecanismos de participación ciudadana: uno sobre la consulta pública de proyectos a través de la plataforma de internet Gva Oberta, y otro que permitirá que con la presentación de 25.000 firmas los ciudadanos puedan proponer decretos al Consell.

La ley de transparencia será aplicable a la Administración de la Generalitat, el Parlamento valenciano, los órgamnos estatutarios, así como la totalidad del sector público de la Generalitat, las universidades pública y las corporaciones de derecho público.