El juez admite la querella contra Blasco por su etapa en Sanidad

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia ha admitido a trámite una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de Esquerra Unida (EU) sobre adjudicaciones en hospitales que afectan al exconseller Rafael Blasco.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha confirmado a EFE que este juzgado ha abierto diligencias en relación a distintas decisiones en la gestión hospitalaria que afectan a Blasco, que fue conseller de Sanidad en los años 2006 y 2007.

EU presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en la que detallaba que varias empresas de los mismos accionistas dedicadas al mundo de la gestión sanitaria y hospitalaria recibieron 29 millones de euros de adjudicaciones públicas por parte de la Conselleria de Sanidad, del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y, en menor medida, de la Diputación de Valencia.

Esas adjudicaciones podrían ser, según la formación política, constitutivas de los delitos de tráfico de influencias, y por ello pidió a la Fiscalía que acordara iniciar una investigación penal.

Según la denuncia, la Conselleria de Sanidad, el Consorcio Hospital General y la Diputación realizaron adjudicaciones a las empresas Out-Log, Mantenimientos Integrales Turia, Cyomed Levante y Connectall Systems por una cifra total provisional de 29.431.711 millones de euros.

Además, señala que la empresa General de Comunicaciones y Servicios, de César Augusto Tauroni, condenado al igual que Blasco por el caso Cooperación, facturó pequeñas cantidades de dinero al Hospital General (cuyo gerente es Sergio Blasco Perepérez, sobrino del exconseller) por servicios informáticos relativos a la página web.

En la trama de empresas, EU cita a familiares del exconseller como los responsables de varias empresas.

La diputada de EU Esther López Barceló ha manifestado que Rafael Blasco "podría haber protagonizado -cuando era conseller de Sanidad- una trama de corrupción similar" a la conocida en el caso Cooperación.

"Nos preguntamos cómo puede ser que el PP haya estado soportando entre sus filas e incluso manteniendo como portavoz -del grupo parlamentario- a un personaje que ahora mismo podría estar de nuevo siendo investigado y al que se le podría condenar por haber utilizado también la Conselleria de Sanidad para su beneficio propio", ha asegurado.