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Luis Candela
Miércoles, 17 de septiembre 2014, 12:44
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, suma una nueva imputación en su haber. El juez que instruye el 'caso Rabasa', la ha citado a declarar por su presunta implicación en la trama corrupta para beneficiar al empresario Enrique Ortiz, quien también deberá desfilar por el Palacio de Justicia, con el presunto pelotazo del macroproyecto urbanístico que contempla la edificación de 13.500 viviendas y la instalación de la multinacional Ikea, además de una importante zona comercial en una superficie de cuatro millones de metros cuadrados.
De acuerdo con la información, la alcaldesa de Alicante declarará como imputada por presunta prevaricación y tráfico influencias el 27 de noviembre a las 10.00 horas. Asimismo, el juez ha imputado a cuatro técnicos --dos del Ayuntamiento y dos del Ministerio Fomento-- por favorecer al constructor, igualmente imputado.
El titular de Instrucción 6 de la capital alicantina, Juan Carlos Cerón, ha tomado esta decisión tras el análisis del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que, a raíz de las escuchas del 'caso Brugal', se determina el papel de cada uno de los protagonistas.
El juez ve los suficientes indicios de delito como para que la regidora alicantina dé explicaciones sobre la tramitación del polémico plan, tumbado por vía administrativa por el Tribunal Superior de Justicia.
De este modo, Castedo atesora una nueva imputación por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, que se suma a los mismos, y cohecho, por los que se encuentra investigada en la pieza del urbanismo de Alicante de 'Brugal'.
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