La Policía concluye en su informe que se benefició a Ortiz con Rabasa

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tiene muy clara la presunta implicación de Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi y Enrique Ortiz en el caso Rabasa, y así se lo ha dejado ver al juez instructor, en el presunto pelotazo del macroproyecto urbanístico que contempla la edificación de 13.500 viviendas y la instalación de la multinacional Ikea, además de una importante zona comercial en una superficie de cuatro millones de metros cuadrados.

El grupo especializado en el blanqueo de capitales ha elaborado un minucioso informe, a petición del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, en el que, según ha podido saber este diario, se confirman las sospechas que dieron lugar a la denuncia de Esquerra Unida por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Los agentes habrían presentado una demoledora prueba que incluso podrían suponer nuevas imputaciones para la alcaldesa de Alicante, su antecesor en el cargo y el industrial Enrique Ortiz. Supuestamente, al empresario es a quien presuntamente se habría beneficiado desde el Consistorio alicantino, según apuntas las pruebas recabadas por la UDEF.

El informe supondría un nuevo varapalo judicial para quienes han manejado el urbanismo de la ciudad de Alicante en las últimas décadas, y cuyos supuestos tejemanejes han motivado la intervención de la autoridad policial y judicial, así como las indagaciones de la Fiscalía de Anticorrupción, en numerosas ocasiones.

Se trata de un extenso documento, que cuenta con alrededor de 800 páginas, basado en las escuchas originales del 'caso Brugal' en el que se investigan presuntos sobornos y dádivas a cambio de la concesión de suculentos contratos para la gestión y tratamiento de las basuras en la provincia de Alicante con los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll como protagonistas, junto con responsables de la política municipal del PP, sobre todo, en la Vega Baja.

A raíz de los 'pinchazos' telefónicos, se pudo extraer una pieza que versa exclusivamente de posibles amaños en el urbanismo de la ciudad de Alicante, conocida como el 'caso PGOU', del que se desprende la presunta trama corrupta dedicada a hacer negocio con el Plan Parcial Las Lagunas de Rabasa.

A comienzos del mes de agosto, la Policía entregó al magistrado el extenso documento que le permitiría poder proseguir con las pesquisas judiciales. Ahora, el también decano del partido judicial de Alicante se encuentra en disposición de dar traslado a las partes el extenso informe de la UDEF. De este modo, no tardarían en llegar nuevas diligencias de investigación, para lo cual sería preciso tomar declaración a los denunciados.

Esquerra Unida ya solicitó recientemente en un escrito dirigido al juzgado la imputación de los tres principales sospechosos, investigados también en el sumario del 'caso Brugal' de Alicante.

Pero no solo a ellos. La coalición de izquierdas solicitó también llamar a declarar en calidad de imputados al gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, a la funcionaria Isabel Campos, al alto cargo de la Conselleria de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña, actualmente presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y dos altos cargos de carreteras del Ministerio de Fomento, Enrique Peiró y Francisco Javier Criado. Sin embargo, el instructor del caso negó la petición a expensas de que la UDEF entregara sus conclusiones, tal y como ya ha hecho.

Una vez notificado el documento policial a las partes, Cerón deberá decidir si admite la petición de la formación, que ejerce la acusación popular a la que se une la personación del PSOE.

Las conversaciones interceptadas por los agentes dejan en una posición comprometida tanto a los dos regidores y exdiputados autonómicos por el PP como al conocido empresario. En ellas se constata cómo se trató la llegada de Ikea y cómo, presuntamente, se intentó dar rapidez al asunto sin ni siquiera pasar por el pleno del Ayuntamiento de la capital alicantina.

«¿Eso por qué tiene que ir a pleno?», llegó a preguntar Ortiz ante la tesitura de querer meter unos planos en el expediente. De hecho, el industrial quiso tratar el asunto con entonces conseller José Ramón García Antón, ya fallecido, para poder acelerar el proceso. También han quedado recogidas conversaciones con responsables del gigante del mueble sueco.

Por ello, se mantiene pendiente la declaración como testigos de numerosos empleados que han trabajado para Enrique Ortiz, al igual que de la firma sueca Ikea.