Esquerra Unida registra una iniciativa para paralizar la ATE de Ikea y reclama la dimisión de Castedo

Esquerra Unida en las Corts Valencianes ha registrado una iniciativa parlamentaria para "exigir la paralización" de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) 'Alicante Avanza' por la que el Consell tramita la llegada de la multinacional de muebles sueca Ikea a la ciudad a los terrenos de las lagunas de Rabasa.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la diputada de EU por la provincia de Alicante Esther López Barceló, que ha manifestado que Ikea "ha estado siempre tras el plan Rabasa", proyectado en esos mismos terrenos, investigado actualmente por la justicia y por cuyas presuntas irregularidades se ha imputado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.

Por ello, desde la formación de izquierdas han registrado esta iniciativa parlamentaria con el objetivo de paralizar la ATE y, también, con la intención de que "a través de la vía parlamentaria tengan que retratarse desde el Partido Popular", ya que, según la diputada, la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, "si no quiere ser cómplice política y seguir actuando en connivencia con la señora Castedo debería haber paralizado fulminantemente la ATE 'Alicante Avanza'".

Además, López Barceló ha señalado que la titular de Infraestructuras "podrá aducir que no conoce los elementos que han llevado a imputar a la señora Castedo", por lo que mañana la parlamentaria registrará "a la atención de la señora Bonig y el señor Fabra" el informe policial de más de 800 páginas en el que se argumenta todos los indicios que han llevado a que la señora Castedo, y el señor Ortiz también, estén imputados de nuevo".

Solicitud de dimisión

Por su parte, el concejal y portavoz municipal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha pedido "por enésima vez" la dimisión de la primera edil, Sonia Castedo, por su "nefasta gestión a todos los niveles aderezada además por los presuntos casos de corrupción" que le afectan.

Pavón ha recordado que llevarán una moción al próximo pleno municipal, el 30 de septiembre, "sobre el presunto amaño del plan Rabasa y sobre la llegada de Ikea a sus terrenos". En esa sesión plenaria, EU pedirá "formalmente" la dimisión de la alcaldesa. Pavón ha manifestado que los restantes 17 concejales 'populares' "tienen una oportunidad para que el pleno se pronuncie, si antes el PP no la ha expulsado del partido y todo sigue igual, eso puede desencadenar muchas cosas en el equipo de gobierno de esta ciudad".

Esta iniciativa, según el portavoz de la formación, "pretende crear una comisión de investigación" sobre esta cuestión, por lo que van a recusar la participación de Castedo en el próximo pleno.

Petición de prisión del PSPV: «Una barbaridad»

Por otro lado, el abogado de EU, José Luis Romero, ha calificado de "barbaridad" la petición de prisión provisional que estudia pedir el PSPV. El letrado se ha mostrado sorprendido ante "la falta de rigor" del secretario general local socialista, Gabriel Echávarri, a la hora de enunciar los dos requisitos necesarios para realizar ese planteamiento.

"La alarma social dejó de ser una causa de prisión provisional hace muchos años, afortunadamente, en este país", mientras que en cuanto a la destrucción de pruebas, "con todo lo que hay grabado, con todos los informes policiales, creo que pocas pruebas quedan por destruir", ha explicado Romero.

Sobre el auto de imputación de Castedo, el abogado ha manifestado que existe "una ausencia poco explicable", en referencia a un presunto delito de cohecho, "cuando parece que está indiciariamente y absolutamente evidenciado en las actuaciones".

A su vez, Romero ha afirmado que, realizando un paralelismo con la pieza del caso Brugal relacionada con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por la que la primera edil también está imputada, y cuya instrucción "lleva cuatro años", y teniendo en cuenta "el acervo de recursos, o traslados a las demás partes" puede implicar que ésta, la del Plan Rabasa, "se extienda bastante a lo largo del próximo mandato, con bastante probabilidad".

Sobre la causa del PGOU, el abogado de EU ha destacado que, "si no para finales de año, para la primavera, debería estar ya juicio oral, a falta de la llegada de algún informe policial y de la última cuestión que se le ha pedido al acusado Javier Gutiérrez en relación con el dinero que le aparece en cuentas de paraísos fiscales".