El PP presiona a Sonia Castedo para que dimita tras su segunda imputación

Lejos de Alicante y contenta para que no se revuelva contra ellos. El Partido Popular ha redoblado las presiones hacia la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, para sacarla de la esfera política con el menor revuelo posible y el menor daño para sus expectativas electorales. La quieren fuera y, a ser posible, mucho antes de que se celebren las municipales.

Nadie duda de que se ha convertido en una de las principales piedras en el zapato de los populares. Una piedra que ayer aumentó de tamaño tras conocerse su segunda imputación, en esta ocasión en el marco del 'caso Rabasa' y por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, por las sospechas de que benefició al empresario Enrique Ortiz en la tramitación de este macroplan urbanístico.

Las negociaciones no son nuevas, ni siquiera recientes, pero sí han tomado un cariz de urgencia en las últimas semanas. Tiene que irse y tiene que irse ya, aclaran desde el partido. De lo contrario, el daño que está haciendo a las siglas lastrará las posibilidades del nuevo candidato o candidata para las elecciones municipales.

Cuando en 2012 la imputaron en la pieza separada del 'caso Brugal' relativa a la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, en el PP se encendieron todas las alarmas. Su alcaldesa estrella, la que había logrado el mejor resultado electoral de la historia en Alicante pese a estar ya involucrada (aunque no imputada todavía) en el 'Brugal', se convertía en un quebradero de cabeza. Y su situación judicial en arma arrojadiza de la oposición durante toda la legislatura.

La primera reacción, explicaban ayer fuentes del partido, fue confiar en que saldría «limpia de polvo y paja» de este asunto antes de que finalizase la legislatura, lo que habría sido lo mejor para todos, dado su indudable tirón electoral.

Enseguida se dieron cuenta de que no lo iban a tener tan fácil. El aireo de las conversaciones integradas en esta causa y la reactivación, a instancias de EU de la separada para Rabasa, con sus correspondientes conversaciones cuando menos sonrojantes, forzaron a tomar soluciones más drásticas.

Le pidieron que dimitiese y dejase su acta, pero ella se negó y se aferró al cargo, con la esperanza de sacar algo a cambio de certificar su muerte política, que ya sabía que era inevitable. Llegaron entonces, alentadas por los escándalos del PPCV, las 'líneas rojas' del presidente, Alberto Fabra, y los mensajes públicos claros: No sería candidata.

Pero ni aún así lograron que diera su brazo a torcer. Se imponía la negociación a otros niveles, los de Génova, para hacerla entrar en razón. Echarla por la fuerza del PP quedaba descartado, explican, porque tenían claro que, dado su carácter, no iba a dejar su acta y no se la pueden arrebatar. Tenerla como enemiga desde las filas de los no adscritos haría un daño irreparable a la ya delicada situación en la que ha quedado el partido.

Sola a todos los niveles

En el PP local, provincial y regional, Castedo se ha quedado sin apoyos. Incluso sus hasta hace poco defensores del aparato provincial le han dado de lado y en su grupo municipal nadie da la cara por ella. Es más, sus concejales, que han recibido órdenes estrictas de su parte de no decir ni media palabra tras su segunda imputación, han optado por la vía del avestruz: esconder la cabeza y esperar a que pase la tormenta política para volver a sacarla de la tierra. No quieren verse salpicados por la caída en desgracia de su mentora, pero tampoco ser castigados por ésta mientras mantiene el poder en la ciudad.

Ella también ha decidido dar la callada por respuesta. Ayer su agenda pública se limitó a recibir al ganador del premio al mejor cocinero del año, a puerta cerrada, y enviar después la foto.

Según las fuentes consultadas, se ha negado a negociar con nadie que no sea del aparato nacional del partido, por lo que desde el PP local, provincial y regional solo pueden presionar para que se agilicen las cosas, que es lo que hacen.

Ayer, la coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig, volvía a recordar la 'línea roja' de Fabra y a asegurar que no habrá imputados en las listas electorales. Por su parte, el presidente, iba más allá al añadir que las personas que ocupan un cargo público deben ser «un ejemplo para todos los ciudadanos» y apostillar que, en el caso de Castedo, debe ser ella la que «valore en cualquier momento lo que significa para ella y para la institución» su condición de imputada ya que el acta de concejal es personal. Una clara invitación a marcharse de inmediato.

Desde Génova se esfuerzan por encontrarle un destino que sea de su agrado para sacarla cuanto antes de Alicante. El Puerto, que se ha barajado en algunos mentideros, está completamente descartado. Tiene que irse de la Comunitat y a un puesto en el que no llame la atención. No se descarta gestionar su incorporación a alguna empresa privada para alejarla de los focos definitivamente, o al menos hasta que se solvente su situación judicial.

En el partido quieren acelerar esta marcha. Si puede ser mañana, mejor que la semana que viene. Es probable que no puedan evitar que sea ella la que presida como alcaldesa la salida de la Volvo Ocean Race, el día 2 de octubre, desde Alicante. Un acto que obligará a Fabra y al resto de autoridades a hacer malabares para no dejarse retratar junto a ella. Pero sí que ven posible que no llegue a declarar como imputada por el 'caso Rabasa', el 27 de noviembre, como alcaldesa.

Una vez que se marche, lo que tienen claro que ocurrirá más pronto que tarde, el grupo municipal del PP en Alicante se quedará a cargo de un 'regente' y será el momento adecuado para presentar al próximo candidato o candidata a la Alcaldía. El puesto se lo disputan, por el momento, la consellera de Bienestar Social (y exconcejal en Alicante) Asunción Sánchez Zaplana, y los concejales y hombres de partido Luis Barcala y Carlos Castillo. Otros nombres que han sonado, como Carlos Mazón y Macarena Montesinos, no parecen tener peso.