La primera edil forzó el plan parcial pese a su paralización

Las sospechas han dejado paso a los indicios en el 'caso Rabasa'. La constatación por parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía ha derivado en la imputación por otros dos delitos, y ya van cinco, a la alcaldesa de la ciudad de Alicante del PP, Sonia Castedo. El juez instructor apunta a la presunta comisión de tráfico de influencias y prevaricación, por lo que la regidora deberá presentarse ante el titular de Instrucción número 6 de la capital alicantina. La cita tendrá lugar el próximo 27 de noviembre, cuando Castedo deberá explicar por qué el Ayuntamiento continuó con la tramitación del expediente administrativo del Plan Parcial Las Lagunas de Rabasa pese a estar suspendida su ejecución por orden del Tribunal del Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desde el 9 de diciembre de 2009.

Dicha actuación, entiende el magistrado Juan Carlos Cerón que podría haberse forzado para favorecer al empresario Enrique Ortiz, a tenor de las pesquisas policiales. De hecho, solo un año después, el 29 de enero de 2010, el pleno del Consistorio aprueba la exposición pública del proyecto de convenio entre el Ayuntamiento y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo SL -de Enrique Ortiz- e Ikea Ibérica SAU. Ni tan siquiera el mandato judicial detuvo el avance del macroproyecto para implantar 13.500 viviendas, un gran centro comercial y la sede de la multinacional del mueble sueco. Todo un presunto pelotazo que habría de reportar, de materializarse, cerca de cien millones de euros a Ortiz.

Una noticia que arruina a la regidora el sexto aniversario de su toma de posesión como alcaldesa de Alicante, una ciudad que no se quita de encima la dudas sobre la planificación de su urbanismo por presunta corrupción de un buen número de cargos públicos.

El juez Juan Carlos Cerón ha decidido tomar declaración a la alcaldesa tras analizar el informe aportado por los funcionarios policiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), presentado de forma íntegra el pasado 9 de septiembre ante la sede judicial del también decano del partido judicial de Alicante. «En el informe policial existen indicios de que esta actuación», según afirma en su escrito fechado el pasado lunes 16 de septiembre, «pudo realizarse para beneficiar los intereses del empresario Enrique Ortiz». Todo ello, después de que diese carpetazo al asunto denunciado por Esquerra Unida y que la Audiencia le obligase a reabrirlo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, los pinchazos telefónicos recabados por el Grupo de Blanqueo de Capitales y su informe de unas 800 páginas suponen una evidencia lo suficientemente clara para que el magistrado reciba la declaración de los denunciados por EU, en la causa en la que también el PSOE ejerce la acusación.

Antes de la fecha señalada para la alcaldesa, el desfile de conocidos y nuevos por los juzgados de la ciudad comenzará en poco más de un mes. El 27 de octubre está citado Enrique Ortiz, el presunto corruptor de la trama y siempre mirado con lupa desde la autoridad policial y judicial. Sin embargo, el archiconocido empresario alicantino ha salvado uno a uno los 'matchball' ante los tribunales.

Imputado en el caso 'Brugal' por la pieza en la que se investiga el proyecto de ciudad de Alicante, su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), hasta el momento en su haber solo guarda una sentencia, pero absolutoria. La pistola hallada por la Policía Judicial en la caja fuerte de sus oficinas centrales de Alfonso X El Sabio no fue suficiente para obtener una condena. El juez que enjuició los hechos tuvo en cuenta la autoinculpación de un empleado, Vicente Ferrándiz, quien dijo haberla heredado de su tío.

Al margen de la exculpación por la pistola del tío Fred, los indicios que el juez refiere en su auto, facilitado por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), apuntan directamente al industrial y dueño de todo un imperio empresarial como el auténtico beneficiado en cada una de las actuaciones del Consistorio de la capital.

Al dueño del Hércules C.F. le seguirán integrantes de la oficina de Urbanismo de la ciudad. El primero de ellos, solo un día después de Ortiz, será Enrique Sanus, gerente de Urbanismo, y de la jefa jurídica de la Gerencia de Urbanismo, Isabel Campos. Ambos se encuentran citados por el juez por presuntamente maniobrar para beneficiar al industrial el 28 de octubre.

Finalmente, el 29 de octubre deberán desfilar por el Palacio de Justicia de Alicante dos antiguos cargos de Fomento, quienes también quedan comprometidos en las escuchas de la Policía Nacional. Se trata del exdirector de la Unidad de Carreteras en Alicante, Enrique Peiró, y el exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Criado.

La ronda de declaraciones concluirá un mes después de que comiencen, el 27 de noviembre, con la alcaldesa y máxima responsable política de la ciudad, Sonia Castedo, frente a frente con el juez.