La Policía sostiene que Castedo cumplió todos los deseos de Ortiz para el 'pelotazo' de Rabasa

La «maquinaria administrativa» al servicio de Enrique Ortiz. Así define el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) la implicación de los cargos públicos en el 'caso Rabasa', causa que esta semana le ha estallado a la primera edil de Alicante, Sonia Castedo, al ser imputada por el juez por dos nuevos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. La alcaldesa deberá explicar al instructor por qué el Consistorio actuó constantemente de urgencia para aprobar cada uno de los pasos que el empresario necesitaba para sacar adelante el plan parcial que debía permitir construir 13.500 viviendas, un centro comercial y, sobre todo, la llegada de la multinacional Ikea.

Porque, según los investigadores de la Policía, la regidora sabía perfectamente que firmaba lo que firmaba y para qué lo hacía, según se desprende del informe de más de 800 páginas en el que se recogen las presuntas irregularidades del Ayuntamiento para favorecer a Ortiz. Y para ello, no se dudaba en señalar sesiones de urgencia en las que poder aprobar textos refundidos o los trámites que fueran necesarios.

Las prisas por sacar adelante el macroproyecto quedan reflejadas en las cientos de conversaciones captadas por los agentes y cómo el industrial sabía en todo momento en qué situación se encontraban las gestiones y qué maniobras debía realizar para salvar los obstáculos legales. Para ello tenía a una legión de acérrimos colaboradores dentro de la casa consistorial, como refiere la UDEF en el extenso documento que le ha valido al titular de Instrucción 6 de la capital alicantina para citar a los principales protagonistas a partir del 27 de octubre.

«Bueno, ya me invitarás a algo», le espetó el 5 de octubre de 2008 el exalcalde de la ciudad del Partido Popular, Luis Díaz Alperi, a Ortiz. El motivo del derroche de alegría no era otro que la aprobación por el pleno del texto refundido del expediente del Plan Rabasa. Pese a que la imputación del también exdiputado en Les Corts ha quedado en manos del Ministerio Público y las partes, el Grupo de Blanqueo de Capitales cuenta con información como para afirmar que Alperi seguía, aun fuera de la Alcaldía, manejando supuestamente asuntos con Enrique Ortiz.

Para evitar dejar cabos sueltos, el empresario tenía atados bien en corto a sus colaboradores, como sostiene la Policía, con pequeñas dádivas para los menos importantes y regalos de mayor entidad para los más allegados de su círculo. Hablando sobre una serie de regalos de Navidad que Ortiz le encarga comprar a su mujer destaca el nombre de Sonia Castedo, para quien no valía cualquier cosa. «Lo de Sonia es aparte», le contestaba su esposa mientras hacía una relación de a quién comprar qué detalles, a la vez que le recuerda que no se olvide de Mercedes Alonso, Belén Juste ni de ninguna de las concejales del Ayuntamiento de Alicante.

Cualquier presunta dádiva podía valer para conseguir las atenciones de quienes podían acelerar el megaproyecto y el dueño del Hércules era taxativo: «A los del Ayuntamiento de Alicante hay que tenerlos contentos porque hay un huevo de cosas que tienen intereses», le dijo a su esposa durante una de las conversaciones captadas por los investigadores.

Por ello, un detalle resultaba eficaz, como las tarjetas de los muchos aparcamientos que el empresario alicantino posee en la ciudad. De hecho, el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, quien deberá desfilar ante el juez el mismo día que la técnico Isabel Campos, se mostró molesto porque no le habían llegado sus abonos gratuitos, tal y como recogen los pinchazos autorizados por el juzgado de Orihuela del que partió la operación matriz: el 'caso Brugal'. Las tarjetas de aparcamiento se convirtieron en moneda de cambio para atraer para sí a los miembros de la Corporación y lograr sus atenciones.

El informe policial asegura que la 'tela de araña' construida por Ortiz para conseguir sus objetivos no incluía solo a Castedo o Alperi. Además de otros concejales mencionados en el dossier, el empresario recurría a familiares de cargos públicos, como la hija del conseller José Ramón García Antón, o a conocidos de dirigentes del PSOE para lograr favores del Gobierno central.