El Consell recuerda a Castedo la 'línea roja' de Fabra pero se resiste a pedirle la dimisión

El Consell, por medio de su portavoz, la consellera María José Catalá, volvió a insinuar una vez más cuál es el camino que debe tomar Sonia Castedo tras su segunda imputación, esta vez por el 'caso Rabasa'. Catalá indicó ayer que Castedo conoce «perfectamente» la línea roja del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sobre los imputados en supuestos casos de corrupción, y debe actuar «consecuentemente» con ella.

Catalá, como están haciendo desde hace meses todos los dirigentes del PPCV afines a la política de 'tolerancia cero' con los casos de corrupción, insistió en la famosa «línea roja», pero en ningún momento pronunció la palabra dimisión.

La portavoz del Consell, de hecho, aclaró que el Consell no entra en valoraciones políticas y que se trata de una decisión personal. «La alcaldesa de Alicante conoce perfectamente la línea roja del presidente Alberto Fabra y por lo tanto, pensamos que se debe actuar consecuentemente con esa línea establecida», dijo.

Preguntada por los supuestos encuentros entre el empresario Enrique Ortiz y el presidente de Les Corts, Juan Cotino, para agilizar el plan Rabasa, Catalá dijo que el Gobierno valenciano no conoce todas las reuniones que se mantienen en la Comunitat. No obstante, apeló a la presunción de inocencia de cada una de las partes y a la labor profesional de jueces, fiscales y policías.

Aunque la idea de que Castedo debe dimitir como alcaldesa de Alicante está muy extendida en el seno del PPCV, e incluso desde Génova se insiste en la necesidad de que sea relevada lo antes posible para evitar efectos secundarios en las próximas elecciones municipales, también hay voces discordantes con el discurso de Alberto Fabra.

Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Xátiva, y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, son dos de los cargos más relevantes del PPCV que insisten más en le necesidad de respetar la presunción de inocencia de los imputados que en la obligación de renunciar cuando un cargo público se ve inmerso en un proceso judicial.

Mientras el Consell insinúa a Castedo que dimita, la alcaldesa permanece en silencio. Desde que se conoció su imputación el pasado martes por el 'caso Rabasa', la primera edil de Alicante no ha realizado ningún tipo de declaración ni tampoco ha participado en ningún acto oficial, salvo una recepción privada en su despacho a un cocinero de la ciudad.

El silencio que Sonia Castedo se ha autoimpuesto lo ha trasladado también al resto de concejales, que han recibido la orden de no realizar ningún tipo de declaraciones sobre el asunto. El único edil que hecho algún comentario ha sido el vicealcalde Andrés Llorens, quien el jueves se limitó a decir en una rueda de prensa que Castedo «era inocente» y que había que respetar la presunción de inocencia.

La imputación de Sonia Castedo ha provocado, además, una situación incómoda en el seno del grupo municipal del PP, donde la división sobre los pasos que debe dar la alcaldesa es cada vez más grande.

Por un lado, los ediles más afines a Castedo o que carecen de aspiraciones futuras en el seno del PP cierran filas en torno a ella. Por otro, los concejales con menos sintonía con la alcaldesa o aquellos que aparecen como posibles candidatos en las municipales del próximo año no realizan ningún tipo de comentario, pero son conscientes de que la situación no puede prolongarse.

Incluso, desde el PP se ha trazado una hoja de ruta en la que Miguel Valor se perfila como alcalde de transición tras la renuncia de Castedo y la terna de aspirantes a encabezar la candidatura de los populares en mayo de 2015 la completan Carlos Castillo, Asunción Sánchez Zaplana y Luis Barcala.