R. A. / E. M. L.
Martes, 23 de septiembre 2014, 02:33
María Dolores de Cospedal y Luisa Pastor echaron ayer una mano a Sonia Castedo, imputada la semana pasada por el 'caso Rabasa'. La secretaria general del PP, obviando la 'línea roja' marcada por Alberto Fabra en relación a los pasos que deben seguir los cargos públicos del PP que son imputados judicialmente, defendió el derecho a la presunción de inocencia de la alcaldesa de Alicante, aunque no se pronunció sobre si será la candidata del PP en las municipales del próximo año.
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Cospedal hizo estas declaraciones durante una comparecencia en Madrid, donde le preguntaron por la situación judicial de la primera edil alicantina. La imputación «no significa inmediatamente condena», dijo Cospedal durante la rueda de prensa.
La dirigente popular se expresó en los mismos términos al ser preguntada por Esperanza Aguirre, y dijo que el proceso en el que está inmersa «no ha terminado», de modo que no se puede considerar que esté «inhabilitada o no» para un cargo. Aguirre declaró ayer como imputada ante el juez por su incidente en la Gran Vía.
En relación al futuro político de Sonia Castedo, Cospedal indicó que su partido no está inhabilitado para hablar de regeneración democrática por tener imputados entre sus filas. Recordó que hay muchas otras personas imputadas en otras fuerzas políticas, además de subrayar que en el PP han renunciado más cargos que en ningún otro partido por estar imputados, incluso cuando después no fueron condenados.
Una renuncia que, por el momento, no parece que vaya a presentar la alcaldesa alicantina.
Por su parte, la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, también defendió ayer la presunción de inocencia de Sonia Castedo y sobre el futuro político de la alcaldesa de Alicante, Pastor afirmó que «es ella quien debe decidir».
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En relación al posible daño que para la imagen de la ciudad puede estar causando la continuidad de Castedo como alcaldesa, Luisa Pastor aseguró que «no es la alcaldesa quien mancha la ciudad de Alicante. Una persona sola no es la causante de todos los males, sería tremendo».
Precisamente ayer Fabra fue preguntado en Valencia por Sonia Castedo y por la posibilidad de adoptar alguna medida contra ella. El jefe del Consell se limitó a asegurar que ya había dicho «todo lo que tenía que decir».
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No obstante, y a pesar de las palabras de María Dolores de Cospedal, la intención del PP es convencer a Sonia Castedo para que renuncie a la Alcaldía de Alicante.
Al menos esa es la presión que se está ejerciendo tanto a nivel provincial como autonómico. El mensaje que se ha trasladado a Génova es el de la necesidad de apartar a Castedo de la primera línea mucho antes de las elecciones municipales, es decir, antes de que el 27 de noviembre tenga que declarar en los juzgados como imputada por el 'caso Rabasa'.
Algunas voces dentro del PP incluso piden que se pacte su salida de la Alcaldía antes del 11 de octubre, fecha de la inauguración de la Volvo Ocean Race que previsiblemente correrá a cargo de Felipe VI. El PP intenta de esta manera evitar la foto de la alcaldesa con el Rey.
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En clave provincial y autonómica, desde el partido interpretaban ayer las palabras de Cospedal como una forma de intentar «ganar tiempo» para que fragüen las conversaciones que están llevando a cabo desde Génova con la alcaldesa para que su salida sea pactada y sin hacer ruido.
Y es que, dicen, en el momento en el que el aparato nacional se pronuncie a favor de una salida de Castedo, no habría marcha atrás. Y ese momento aún no ha llegado.
No obstante, de cara a la galería la impresión que da esta división de reacciones, blandas desde el PP nacional y más exigentes desde la esfera autonómica y local, es la de que la salida de Sonia Castedo de la política no es algo que vaya a conseguirse en pocos días.
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En el entorno de la alcaldesa apuntan que su intención, más aún después de las palabras de apoyo de Cospedal, es resistir. Mientras, en el equipo de gobierno popular se ha impuesto la ley del silencio en torno a la imputación de la alcaldesa y sus implicaciones. Un silencio que se tendrá que romper el día 30, en el Pleno.
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