El PP trata de evitar las preguntas sobre corrupción urbanística en el próximo pleno

El pleno municipal que se celebrará el martes día 30 será cualquier cosa menos una balsa de aceite. Ya desde ayer la junta de portavoces de los grupos municipales en la que se aprobó el orden del día de la sesión sirvió como cita previa para caldear el ambiente. A la salida de una intensa reunión que tuvo lugar durante la mañana, cada partido político tenía sus acusaciones y defensas sobre el resto, aunque una sensación era común entre el Partido Socialista y Esquerra Unida: el Partido Popular trató de rechazar cuantas mociones y preguntas pudo sobre temas que tratasen los casos de posible corrupción urbanística y relaciones entre la alcaldesa, Sonia Castedo, y las empresas de Enrique Ortiz.

Pese a esta sensación manifestada por los principales grupos de la oposición, el orden del día del pleno ordinario tratará dos mociones presentadas por Esquerra Unida relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana y sobre las responsabilidades políticas derivadas del caso Brugal en el plan parcial de las Lagunas de Rabasa.

En concreto, el grupo municipal de Esquerra Unida, con Miguel Pavón en la portavocía, pedirá la creación de una comisión no permanente en el pleno con el fin de esclarecer las responsabilidades políticas derivadas del presunto amaño del Plan Parcial de Las Lagunas de Rabasa que se investiga dentro del caso Brugal y donde se pretende instalar el centro comercial con la multinacional sueca Ikea.

Además, esta moción incluye, por los mismos motivos de supuesto amaño urbanístico, la dimisión de la alcaldesa, Sonia Castedo, y el cese de las funciones del gerente y la jefa del departamento de la Concejalía de Urbanismo.

La segunda moción que se votará en el Pleno pide la renuncia por parte del Ayuntamiento del trámite de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Con esta medida «el PGOU sería analizado y redactado desde el inicio por la Conselleria y no parcheado a los intereses ya existentes», explicó Pavón en declaraciones a este diario.

En el mismo sentido, Pavón expresó que «queda claro que el PP apuesta una vez más por la vergonzosa continuidad de Castedo en la alcaldía y por blindarla lo que queda de legislatura ante las iniciativas de la oposición. Una actitud lamentable que refleja la nula calidad democrática del PP municipal y la deriva en la que se ha instalado arrastrado por la insostenible situación de Castedo».

En similares términos se manifestaban también desde el grupo muncipal socialista, mediante su portavoz Miguel Ull, por una moción que, en este caso, sí que fue rechazada por el Partido Popular.

La moción aludía al informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que, según los socialistas, «se deducen las presuntas connivencias del constructor Enrique Ortiz y la alcaldesa y se recordaba que los votos de los concejales populares han permitido adjudicar a Ortiz contratos millonarios, como el de la limpieza y las basuras por un importe de 432 millones de euros».

La moción se refería a que «sospechosamente», explicó Ull, «ninguna otra empresa a optado a estos contratos y pedía la recusación de la alcaldesa en todo lo referente a contratos y adjudicaciones relacionadas con Enrique Ortiz por su interés personal, consecuencia de la amistad que mantiene con él y que evidencia el informe de la UDEF».

Finalmente, Ull coincidía con Pavón en que «el PP trata de blindar a la alcaldesa de preguntas incómodas en el pleno», aunque el portavoz socialista hizo hincapié en que «es la primera vez que se rechaza una moción de raíz por criterios propios del PP, sin dar la opción ni a ser votada o expuesta en el pleno».