Los cargos de la Generalitat deberán publicar su patrimonio a partir de 2015

Lo que en 2010 se ofreció por parte del Consell como un ejercicio de buena intención se convertirá a partir del año próximo en una obligación para los altos cargos de la Generalitat. Más de un centenar de personas, desde consellers hasta directores generales, pasando por responsables de instituciones públicas como el Ivam, dependiente de la Administración autonómica, deberán presentar una declaración de bienes patrimoniales una vez se apruebe la Ley de Transparencia que actualmente elabora el Consell; es decir, a partir de 2015.

El vicepresidente del Consell, José Císcar, se reunió durante cerca de una hora con los portavoces de los grupos parlamentarios (PP, PSPV, Compromís y EU) para intentar iniciar una negociación que sirva para consensuar la normativa que, no obstante, Císcar advirtió que se aprobará «sí o sí» antes de que finalice la legislatura.

La experiencia de la publicación del patrimonio de los directores generales y autoridades de la Generalitat, hace cuatro años, pasará de voluntaria a obligatoria. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (Docv) publicó la declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales de 186 altos cargos, principalmente de directores generales (70), aunque también de responsables de empresas públicas y de fundaciones de la Comunitat. Hace cuatro años, el entonces vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, ahora presidente de Les Corts, era el conseller con más bienes declarados, por valor de 1,8 millones de euros, mientras que altos cargos como la intendente del Palau de les Arts Reina Sofía, Helga Shmidt, aseguró que no tiene propiedades pero sí otros activos por valor de 280.806 euros.

El vicepresidente anunció tras el encuentro que el anteproyecto incluirá la creación de un Consejo de Transparencia independiente, un régimen sancionador propio y silencio administrativo positivo en lo relativo a esta norma. Además, se obligará a declarar los bienes y a actualizar el documento en el momento en que se produzcan cambios.

La oposición condiciona su aportación (y, consecuentemente, voto a favor) a la normativa. Tanto EU, como socialistas y nacionalistas señalan que será imprescindible para un buen entendimiento que, a partir de ya, se agilice la entrega de la documentación pública que los partidos solicitan.

No obstante, fuentes conocedoras de la reunión señalaron que la oposición ha introducido el tema de la corrupción política. Además, los partidos minoritarios han solicitado que la Generalitat retire los recursos de casación contra las sentencias que han fallado contra el Consell y le han condenado a facilitar documentación requerida desde la oposición.

Císcar les respondió que, por lo que respecta a litigio sobre los sondeos de opinión que se realizan cada tres o cuatro meses, su departamento ha renunciado a recurrir. No obstante, el vicepresidente no se ha comprometido con los recursos judiciales instados desde otras consellerias «porque no se trata de recursos presentados por capricho, sino porque pensamos que existe una base legal que nos da la razón».

La oposición acudió escamada a la convocatoria de Císcar. La proximidad de las elecciones autonómicas (previsiblemente se convocarán a finales de mayo, dentro de ocho meses) vicia todas las relaciones entre los partidos.

Cualquier intención del rival de promover un cambio en el 'status quo' actual se contempla con desconfianza. El socialista Antonio Torres admitió su escepticismo y pocas esperanzas, auguró que se trata de una «cortina de humo» y señaló que basa sus sospechas en, según él, la resistencia del Consell a buscar nuevas fórmulas para solucionar los actuales problemas de la Comunitat y, además, la actitud del PP en cuanto a las creaciones de comisiones de investigación. Los populares se niegan en redondo y la oposición insiste en solicitarlas.

En el pleno de mañana, sin ir más lejos, se votará la creación de varias de ellas, con el previsible voto en contra del PP.