El Ministerio amplía un mes el plazo para tratar de salvar el trasvase Júcar-Vinalopó

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente decidió ayer ampliar otro mes el período de negociación entre la cuenca cedente y la receptora del polémico trasvase Júcar-Vinalopó para tratar de salvar un proyecto en el que se han invertido en los últimos nueve años la friolera de 400 millones de euros y que está abocado a no ser utilizado, pese a que la provincia de Alicante lleva seis siglos reivindicándolo. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, mano derecha de la ministra Tejerina en materia trasvasista, recibió ayer en su despacho de Madrid, por espacio de más de una hora, al presidente y vicepresidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí, Marina Baja, Andrés Martínez Espinosa y Francisco Santiago.

Según confirmó a este diario el propio Martínez Espinosa, después de transmitir en una dura carta el malestar de los regantes y usuarios alicantinos, en el que se hablaba de que Alicante se siente «pisoteada» y «engañada», el Ministerio dio vía libra a una cita urgente. Al finalizar la misma, los representantes de los regantes alicantinos aseguraron a este diario que «todavía podría reconducirse el tema, después de que el 26 de septiembre acabara el plazo de seis meses desde la aprobación del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar», tal y como prometió el exministro y actual comisario europeo Arias Salgado para solucionar lo que se denominan las normas de explotación de dicho trasvase.

El desencadenante de la reunión de ayer en Madrid fue otra en Valencia, con presencia de Martínez Espinosa, la presidenta de la Diputación y la titular de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, en la que ésta trasladó que el Ministerio a su vez mantenía que el río Júcar es «deficitario» y que, por tanto, ni se podían enviar los 12 caudales por el pantano de Alarcón para abastecimientos públicos (fórmula que fue aireada a principios de verano a bombo y platillo por el Consell) ni mucho menos los hasta 80 hectómetros cúbicos para regadío.

Para este volumen de agua se diseñó la costosísima obra, que cuenta con fondos europeos por valor de 120 millones de euros, cuya devolución podría ahora exigir el Gobierno de Bruselas si se mantiene inactivo el trasvase.

La propuesta de ampliación en un mes del plazo para pactar entre los regantes alicantinos y los valencianos las normas de explotación de dicho trasvase fue recibido ayer como un soplo de aire fresco por Martínez Espinosa y Francisco Santiago, dos de las persona que llevan dos décadas de lucha firme en favor de este proyecto. «Confiamos en que a finales de octubre y en una reunión en Madrid, en el Ministerio, a principios de noviembre, se clarifique la permuta de los 12 hectómetros cúbicos que prometió el Consell para abastecimientos públicos de Alicante y Marina Baja llegados del embalse de Alarcón y las normas de explotación para el riego», asegura Martínez Espinosa.

El presidente de la Junta no descartó el domingo, en declaraciones a este diario, ningún tipo de movilización en favor de este histórico trasvase, que está literalmente paralizado y que solo ha enviado desde su puesta en marcha 8 hectómetros desde la toma en la desembocadura, en Cullera. Los regantes alicantinos siguen confiando en que el Ministerio dé el visto bueno para recuperar la toma original de Cortes de Pallás, que está construida y que fue suprimida por la ministra Cristina Narbona hace una década.

«La Junta no tiene color político y nos movilizaremos igual que hicimos contra el otro Gobierno», advierte. Fuentes próximas a la presidenta de la Diputación y de la Mesa Provincial del Agua, Luis Pastor, aplaudieron ayer el plazo de gracia concedido por el Ministerio para salvar este histórico trasvase al Vinalopó.