Castedo se parapeta en su mayoría para aferrarse al cargo de alcaldesa

«Esto parece un circo», lamentaba ayer un vecino de Alicante que asistía como público al Pleno municipal del mes de septiembre. Y algo de circo de los horrores tuvo la sesión de ayer, con el público dividido en secciones y enfrentando sus consignas, las protestas en la calle y el intento de asalto al Ayuntamiento como fondo y el ataque bronco del «y tú más» como base del debate en el Salón de Plenos. La mayoría de los puntos del orden del día pasaron desapercibidos ante la tensión que generaron los más polémicos. Sobre todo el que reclamaba la dimisión de la alcaldesa, Sonia Castedo, por sus dos imputaciones por cinco presuntos delitos en los casos PGOU y Rabasa.

Castedo hizo valer su mayoría absolutísima para tumbar de un plumazo y sin debate la moción presentada por EU y secundada en bloque por la oposición para instarla a dimitir y para crear una comisión de investigación sobre el 'caso Rabasa' que depure responsabilidades. El PP votó en contra sin excepciones, pese a las distensiones que han surgido en el grupo tras la imputación de la alcaldesa. Mayoría absoluta que el PP puso en valor no solo con su voto, sino para esgrimir su victoria en las urnas como la legitimidad suficiente para seguir gobernando como siempre, porque «les guste o no, Alicante ha decidido que gobierne Castedo», destacó la portavoz, Marta García-Romeu.

Expectación máxima

Pese a los esfuerzos del equipo de gobierno por dar a la sesión plenaria un tinte de normalidad, lo cierto es que desde el minuto uno la tensión y la presión por las protestas que se desarrollaron fuera y dentro marcaron el debate. La expectación era máxima y así lo certificaba el abundante público, la asistencia de numerosos medios de comunicación de ámbito nacional y la elevada presencia policial. Nadie quería perderse el primer Pleno de la alcaldesa tras su segunda imputación. Desde la plaza del Ayuntamiento, pronto empezaron a oírse las proclamas de los concentrados. Cerca de 400 personas clamando por la dimisión de Castedo, convocadas por EU, Compromís, Podemos y varias plataformas ciudadanas.

En el Salón de Plenos, la tensión llegaba a su punto culminante con la moción para instar a Castedo a dimitir. El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, defendió que es «urgente» depurar las responsabilidades políticas del 'caso Rabasa', al margen de las judiciales, unas responsabilidades que, dijo, en referencia al PP, «ustedes no reconocen». UPyD, que no estaba de acuerdo con la forma de la moción, la apoyó sin embargo por entender que la comisión sería provechosa y que «todo imputado debe dejar sus cargos». Y los socialistas citaron palabras textuales de Alberto Fabra sobre su ya famosa línea roja y las compararon con la defensa de la presunción de inocencia esgrimida por María Dolores de Cospedal para demostrar la falta de criterio del PP sobre la dimisión de la alcaldesa.

Choque de apoyos

Tras el rechazo, sin debate, de la moción por parte de los 18 concejales del PP, varias personas del público, entre las que se encontraban los diputados autonómicos de EU Esther López e Ignacio Blanco, y de Compromís, Mireia Mollá, se levantaron al grito de «¡Castedo dimisión!» y mostraron varios carteles críticos con la primera edil. Aunque sus proclamas impedían el normal desarrollo del Pleno, la alcaldesa se negó a desalojar al público: «Si desalojo me van a decir antidemócrata, así que si quieren que lo decidan los portavoces, pero yo no voy a hacerlo», dijo. Como el de UPyD fue el único que se mostró a favor de desalojar, el Pleno continuó. «La agenda de este Ayuntamiento la marcamos los que hemos sido elegidos legítimamente», señaló la alcaldesa cuando le sugirieron un receso.

Finalmente, la Policía consiguió persuadir a los que protestaban de que abandonasen el Pleno, aunque lo hicieron con su consigna en la boca y quejándose de que les estaban echando. Además, hubo conatos de enfrentamiento entre ellos y las personas que habían ido al Pleno a defender a Castedo, que les increparon. Tuvieron que salir por la puerta de atrás porque la de delante acababa de ser cerrada a cal y canto tras un intento de entrada masiva al Ayuntamiento por parte de los cientos de concentrados. Algunos de ellos lograron superar el amplio cordón policial y se colaron en el edificio consistorial, del que fueron desalojados.

Tras este incidente, el ambiente entre el público se calmó, aunque reapareció el conflicto cuando los partidarios de Castedo lanzaron críticas personales al portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón. En el Pleno no desapareció el ambiente de enfrentamiento, con duros cruces de acusaciones.

Urbanismo bajo sospecha

El debate ya había empezado a subir de tono con la moción de EU para pedir a la Generalitat que devuelva el PGOU a Alicante para rehacerlo desde cero, por las «sospechas de corrupción en su elaboración». El portavoz, Miguel Ángel Pavón, empezaba fuerte al lamentar que Castedo estuviese presente pese a haberla recusado por su «amistad íntima con el empresario Enrique Ortiz». El edil reprodujo fragmentos de las escuchas del caso del PGOU y consideró que la Generalitat «lo tiene parado desde hace cuatro años y a nadie se le va a ocurrir aprobar un plan viciado de origen y bajo sospecha judicial», por lo que pidió que sea reelaborado.

Los socialistas estuvieron de acuerdo, en esta ocasión, con EU, pese a que en un pleno anterior habían votado en contra de reelaborar el PGOU desde cero. Una circunstancia que no dejó pasar el PP para criticarlos.

Por contra, el equipo de gobierno fue una piña para tumbar esta moción y dar imagen de unidad en la defensa de la alcaldesa. García-Romeu, arremetió contra Pavón en su turno de intervención. Acusó al portavoz de EU de ser «monotemático» y de tener una «animadversión personal que le impide velar por los intereses de los ciudadanos». Además, le afeó su participación en las concentraciones: «Las decisiones políticas se toman en el Pleno, le guste o no, respetando la mayoría. Alicante ha decidido que con 18 concejales gobierne la candidatura de Castedo, le guste o no», sentenció. Apeló, de nuevo, a la presunción de inocencia recordó que «ningún juez ha pedido la suspensión cautelar del PGOU», advirtió.