Díaz Alperi acusa al instructor del 'caso PGOU' de dar a la Policía un «cheque en blanco»

A los imputados del 'caso Brugal' no les ha hecho demasiada gracia que el instructor se ponga a indagar en sus cuentas bancarias. Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante y exdiputado autonómico del Partido Popular, ha recurrido la última providencia del titular de Instrucción 5 de la capital alicantina con la que ordenó a la Policía investigase las cuentas que reflejan el presunto fraude fiscal perpetrado los años 2007, 2008 y 2010. Le reprocha Alperi al magistrado que le entregue a los agentes una especie de «cheque en blanco sin control judicial» para recabar cuanta información considere necesaria, pese a que es el propio órgano jurisdiccional el que lo autoriza.

Lo propio ha hecho la defensa de los integrantes del despacho de abogados Salvetti, propiedad de José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, a quienes el sumario del caso les relaciona como asesores externos en la presunta trama corrupta pergeñada por los responsables públicos del Consistorio y Enrique Ortiz. Así, de Gutiérrez quiere saber el juez la posible existencia de patrimonio oculto en una cuenta en Suiza.

Mientras, la alcaldesa, Sonia Castedo, ha vuelto a solicitar al titular de Instrucción 5, Manrique Tejada, que archive el asunto. Una petición nada original por haberse realizado ya ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), cuya Sala de lo Civil y Penal investigaba el caso hasta que el procedimiento se quedó sin aforados, renunciaron a su acta de diputado tanto Alperi como Castedo, lo que motivó una nueva dilación de este complejo proceso.

Desde que la macrocausa por presunta corrupción con la confección del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante volviese a los juzgados de la ciudad, su instructor, el juez Manrique Tejada, le ha dado un último impulso antes del presumible procesamiento de los acusados de actuar desde el Ayuntamiento para permitir que Enrique Ortiz sacase unos buenos beneficios y poder así lucrarse todos.

Sobre ellos penden las diversas imputaciones por presunta prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. Por ello, y con el fin de no dejar cabos sueltos, Tejada dio luz verde en agosto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que investigaran el patrimonio del exalcalde y su familia, al tiempo que requería al bufete Salvetti a aportar información de unos fondos en una cuenta en Suiza a la entidad Banque Privee Edmond de Rothschild.

La defensa de Alperi inicia de forma contundente sus alegaciones cuestionando la actuación del juez, ya que carga contra su decisión de autorizar las diligencias e investigaciones y critica que emplee una providencia en lugar de un auto. Sin embargo, esto es lo de menos, ya que, en cualquier caso, «se encuentra carente de motivación». Pero no queda ahí el escrito de la representación letrada del exalcalde, cuyo tono sube al recordar al magistrado «el fraude procesal que supone investigar hechos que ya han sido objeto de otro procedimiento judicial» y que están a la espera de juicio.

Esto se debe al intento de averiguar los incrementos patrimoniales de dudosa procedencia del exdiputado popular por parte del juez, cruzando la investigación de la pieza que afecta al Plan General del 'caso Brugal' con la investigación por tres supuestos delitos fiscales de Díaz Alperi, causa por la que ya aguarda a que se dictamine fecha para el juez tras el procesamiento por parte del TSJCV. De la instrucción agotada se desprende que el expolítico podría haber recibido 942.678 euros de la empresa Taller de Contabilidad para abonar una deuda tributaria.

De forma similar se expresan los imputados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, cuya defensa intenta exonerar a sus patrocinados. La representación de ambos asegura que la participación de ambos se ciñe a unas «meras conversaciones» en las que muestran su interés por comprar suelo en el Saladar de Agua Amarga, pero niega que recibiesen pagos por trabajos relacionados con el PGOU, pese que el sumario apunte a lo contrario.

Tampoco ceja en su intento por dar carpetazo al asunto la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, cuyo enésimo paso por cerrar la causa se eleva en forma de recurso de reforma primero o de apelación ante una instancia superior si así lo estima el juez. La defensa de la regidora, del Partido Popular, que en su día mostró su empeño en que se acelere la instrucción del 'caso Brugal', recurre ahora la negativa del instructor a aceptar el escrito en el que solicitaba archivar el asunto, decisión que prolongará todavía más las diligencias. El magistrado mantiene a día de hoy que existen indicios de responsabilidad penal a pesar de los numerosos escritos de la regidora negando dicho extremo.