Piden internar 25 años al acusado de intentar violar y degollar a su vecina

El sospechoso fue capturado desnudo y ensangrentado en los alrededores del Ayuntamiento de Alicante. Unos minutos antes, Eduardo G. había intentado violar a una de sus vecinas en el garaje del alicantino barrio de Raval Roig. Ayer, el procesado se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Alicante para ser juzgado por los delitos en grado de tentativa de agresión sexual y asesinato. Sin embargo, los médicos forenses constataron que el ataque del hombre, cuya edad ronda los 30 años, se produjo durante un episodio de esquizofrenia paranoide, por lo que es inimputable al no ser consciente de sus actos. Ante esta circunstancia, el Ministerio Público solicita su internamiento psiquiátrico durante 25 años, el período máximo, salvo que durante ese tiempo los médicos entiendan que puede tratarse fuera.

La víctima, de 45 años y esposa de un agente del Cuerpo Nacional de Policía, vivió la mañana de 26 de julio de 2013 una auténtica pesadilla. Se llegó incluso a temer por su vida. Poco antes de las nueve de la mañana se encontraba en el parking que comparten varios bloques de viviendas de la calle Virgen del Socorro cuando el hombre, armado con un martillo le asestó varios golpes con tal violencia que la herramienta se partió, como se desprende del escrito de acusación.

Una vez con la víctima a su merced, el atacante intentó violar a la impedida mujer, aunque en vano al no poder conseguir una erección, como apuntan las investigaciones. Dada la frustración del momento, el hombre sacó un cúter que portaba encima con el que intentó acabar con la vida de la vecina cortándole el cuello. Afortunadamente, la hoja de la cuchilla se partió y no pudo lograr su objetivo.

El agresor declaró ayer ante el tribunal de la Sección Décima que sufrió un delirio fruto de la enfermedad que padece, extremo que quedó refrendado por los informes forenses que se practicaron a lo largo de las cuatro horas de vista oral celebrada ayer. Sin embargo, todo apunta a que se trata del primer brote psicótico que padece y que le llevó a actuar de esa forma tan agresiva que casi le lleva a segar la vida de la vecina.

La mujer pudo escapar y salvar la vida de milagro. Sus gritos resonaron entre la comunidad de vecinos y pudieron alertar a los servicios de emergencia. «Me han intentado matar con un cuchillo, me estoy desangrando». Un médico del CSIF, sindicato que ocupa uno de los locales en el boque de edificios donde sucedieron los hechos, atendió a la mujer y pudo contener la hemorragia del cuello. A consecuencia del ataque, la víctima sufrió dos cortes de 3 y 5 centómetros en el cuello que debieron suturarse pues por poco no seccionan la yugular. También presentaba múltiples lesiones en la zona craneal, ocular y la nariz.

No obstante, los peores trastornos que sufre la afectada son de carácter psicológico. Trastorno depresivo mayor, trastorno por estrés postraumático, síndrome postconmocional con mareos y cefaleas y dolores de cabeza son las secuelas que padece la víctima, a lo que hay que añadir las cicatrices de los martillazos y la cuchillada. De hecho, ayer la víctima tuvo que declarar desde otras dependencias a través de videoconferencia para no evitar cruzarse con su agresor.

En su huida, el procesado se topó con la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y con uno de sus guardaespaldas, quienes rápidamente pusieron en alerta a la Policía Local. Los agentes municipales detuvieron al hombre cuando ya se había despojado de su ropa, pero aún estaba manchado con la sangre de la mujer. En ese mismo instante, en el de su captura, el enjuiciado aseguró a los efectivos que practicaron su detención que acababa de matar a una mujer.

Algo que habría ocurrido de no ser por la intervención de los facultativos de la formación sindical y del SAMU, que minutos después trasladaron a la afectada al hospital.

Por su parte, la defensa del procesado, la letrada Mercedes Fernández Pastor, solicitó al tribunal que su patrocinado cumpla una medida de seguridad vigilada para que siga su tratamiento, pues según sostiene, Eduardo ha experimentado una importante mejoría durante el tiempo que se encuentra tratado.

Además de los años de internamiento, el Ministerio Público le reclama al acusado el pago de una indemnización de 130.000 euros a la perjudicada por las lesiones y secuelas padecidos desde la aciaga mañana del 26 de julio del pasado año. Mientras, el procesado deberá abonar los gastos médicos generados a la Generalitat Valenciana, cuyo coste se eleva hasta los 2.810 euros. Asimismo, la Fiscalía añadió a sus conclusiones que Eduardo no pueda acercarse ni comunicarse con su víctima en 5 años.