Abren expediente a seis turroneras por posible amaño de los precios

El dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en noviembre pasado abrió un expediente de investigación tras la inspección de varias fábricas de turrón, llega en el momento más inoportuno, en plena campaña de producción y distribución para la próxima Navidad. El organismo que se dedica a regular los mercados y garantizar la libre competencia acaba de abrir un expediente sancionador contra seis empresas del principal dulce navideño, de las que cinco son de Jijona y otra de Toledo.

La CNMC asegura que la incoación del proceso por una «infracción muy grave no supone prejuzgar el resultado final» de la investigación y que durante los próximos dieciocho meses instruirá dicho expediente, que puede suponer multas muy elevadas por valor del 10% del negocio total de las empresas señaladas en el ejercicio del año anterior.

La nota del organismo informa de que, «en el marco de la información reservada, con fecha 5 y 6 de noviembre de 2013», se realizaron inspecciones en las sedes de Delaviuda Alimentación SA (de Toledo), Almendra y Miel SA (fabricante de Jijona de El Lobo y 1880, entre otras); Sanchis Mira SA (La Fama y Antiu Xixona); Turrones Picó SA y Enrique Garrigós Monerris SA.

El regulador del mercado admite que recibió «determinada información» relacionada con probables conductas anticompetitivas en el suministro de turrones por parte de los fabricantes, por lo que la dirección de Competencia d la CNMC inició la información reservada, que ahora desemboca en la incoación de expediente sancionador por una posible «infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocio total de las entidades infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa».

Las empresas finalmente señaladas por esa supuesta práctica anticompetitiva son Delaviuda Alimentación SA, Almendra y Miel SA, Sanchis Mira SA, Turrones Picó SA y Turrones José Garrigós SA. La nota oficial añade que, como resultado de las investigaciones e inspecciones tras once meses, «se han observado indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (LDC)». Las posibles prácticas anticompetitivas están vinculadas a la fijación de precios, de forma directa o indirecta, o de otras condiciones comerciales y de servicio, así como al intercambio de información «comercialmente sensible» en el mercado español. Estas prácticas están prohibidas en el artículo 1 de dicha ley estatal.

La conducta la considera el organismo «infracción muy grave». Podría llevar aparejadas sanciones económicas muy elevadas. Unos 5 millones de euros para algunas de las empresas incluidas en el expediente, dado que su volumen de facturación anual oscila entre los 40 y los 60 millones de euros, puesto que se trata de algunas de las marcas líderes de España en el sector de repostería y turronería navideña. Según fuentes del sector, podrían representar entre el 70% y el 80% de cuota de mercado nacional.

«La investigación de los cárteles supone una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados», añade la CNMC. El organismo admite la recepción de información y denuncias de terceros, pues «se cuenta con el programa de clemencia que permite beneficiar a las empresas que aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC la detección o la comprobación de la existencia de un cártel». El expediente se instruirá por un máximo de 18 meses, aunque fuentes del organismo aseguran que se prevé, al igual que en la incoación, que se acorte el dictamen sobre posibles sanciones.

Mutismo total

El presidente de la Cámara de Comercio y del Consejo Regulador del Turrón, José Enrique Garrigós, que es director y accionista de la firma Enrique Garrigós Monerris SA, una de las incluidas en el expediente, mantuvo ayer un silencio sepulcral, pese a los reiterados intentos de este diario. Tampoco quiso pronunciarse el vicepresidente y consejero delegado del grupo Sanchis Mira SA, César Soler. La directora de Márketing de Delaviuda Alimentación, Isabel Chozas, dijo desconocer el dictamen ayer por la tarde y pidió un tiempo para informarse antes de valorarlo.

Hace once meses, cuando la CNMV dio a conocer la apertura de la investigación, el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica JIjona y Turrón de Alicante se apresuró a dar su versión en una nota. «Esta cuestión se circunscribe a alguna empresa de forma individual y no es un caso que afecte a una mayoría de empresas del sector». Añadió que «no afecta a la excelente calidad de los productos».