El juez de 'Rabasa' pospone las citas de Castedo y Ortiz y exculpa a Alperi

El instructor del 'caso Rabasa', Juan Carlos Cerón, ha emitido una providencia por la que aplaza la declaración como imputada de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, hasta que no resuelva el incidente de nulidad presentado por Enrique Ortiz en el que pide que no cuenten como prueba las escuchas policiales incluidas en el sumario. Esta medida no modifica la situación jurídica de Sonia Castedo, que continúa como imputada.

La regidora estaba citada el próximo 27 de noviembre en los juzgados de Benalúa. Ahora, la edil tendrá que esperar para presentarse ante el juez instructor de la causa para defenderse de las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias. El juez no ha fijado una fecha nueva para la comparecencia de la alcaldesa alicantina y del resto de imputados.

El incidente de nulidad presentado por Enrique Ortiz exige, por quinte vez, que se eliminen del sumario las escuchas policiales entre el constructor y la alcaldesa, entre otros interlocutores. Estas grabaciones se produjeron durante la instrucción del 'caso Brugal', que investigaba la concesión de la recogida de basura en Orihuela, y que derivaron en otros dos casos: la presunta manipulación del PGOU de Alicante y, ahora, la tramitación del plan parcial para instalar Ikea en terrenos propiedad del constructor.

Quinta nulidad

La argumentación de la defensa de Ortiz, explicaron fuentes judiciales, es siempre la misma: que el juzgado de Orihuela no tenía competencias para autorizar las escuchas respecto a un asunto de Alicante. El constructor ya presentó en varios momentos procesales este mismo recurso, siempre con la misma suerte. Las grabaciones siguen incluidas en el sumario.

En un auto con la misma fecha que la de la providencia, la del 6 de octubre, el magistrado también acuerda sobreseer la causa contra el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la exsecretaria autonómica de Territorio, y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña. Cerón rechaza la petición tanto del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, como de la acusación particular de EU, representada por José Luis Romero, en la que solicitaban la imputación de ambos.

El juez asegura en este auto que las acusaciones «no indican los hechos» por los que Alperi debe declarar, «ni hacen mención alguna a dato que consideren relevante del informe policial». Según Cerón, ahora «era el momento para que las acusaciones, a la vista del informe elaborado, concretaran los hechos por los que consideran» que debe declarar el denunciado.

El fiscal, según recoge el auto, se apoya en que Alperi estaba ya imputado en otra causa, en que era diputado autonómico y en el viaje a Oporto que realizó con la alcaldesa para negociar con Ikea. El juez entiende que los dos primeros argumentos no son «relevantes» y el tercero «se trata de un desplazamiento oficial» y «público, que no tiene relevancia penal alguna». Y añade: «Por más que el informe pretenda darle un carácter, en cierto modo, clandestino».

Cerón también arremete contra el informe policial, que «no concreta indicio alguno de ilícito penal que sea atribuible» a Díaz Alperi: «No todo el que comunique por teléfono con don Enrique Ortiz debe declarar como imputado, salvo que se acredite jurídicamente que se ha infringido la ley».

Otro tanto en cuanto a María Ángeles Ureña. En este caso, contra la defensa de EU. El juez asegura que se manifiesta «de forma genérica» y añade cuatro conversaciones incluidas en el sumario. Sin embargo, el instructor lo desestima, ya que «del contenido de las mismas no se desprende, en absoluto, hecho delictivo atribuible». Porque, añade hasta en dos ocasiones, «el plan Rabasa no es una actividad delictiva en sí misma, al contrario es una actividad lícita».

Por otro lado, las defensas del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y la jefa de este mismo departamento, Isabel Campos, han presentado sendos recursos contra la decisión del juez instructor de imputarles en la causa.

Contra la decisión de Cerón de no imputar a Díaz Alperi y a Ureña cabe recurso ante la Audiencia Provincial, que las defensas ya preparan. Sin embargo, sobre la providencia que retrasa las declaraciones de los imputados no queda más que esperar la decisión del magistrado.