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P. P. /EFE
Martes, 14 de octubre 2014, 01:42
Esquerra Unida (EU) de Alicante presentó ayer el recurso contra el sobreseimiento de las actuaciones judiciales en el 'caso Rabasa' con respecto al ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi al considerar que existen indicios «evidentes» para que siga imputado.
El portavoz del grupo municipal de EU en el Consistorio alicantino, Miguel Ángel Pavón, informó ayer de que presentaron un recurso de reforma en el juzgado de Instrucción número 6 tanto contra el archivo tanto a favor de Díaz Alperi como de la ex secretaria autonómica de Territorio, y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña.
El 'caso Rabasa' es una de las piezas separadas del 'caso Brugal' y figuran como imputados, entre otros, la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz. Esta pieza investiga si hubo trato de favor al empresario a la hora de aprobar este plan parcial y la implantación de la multinacional Ikea en este suelo, pendiente de aprobación
En las doce páginas del recurso de reforma, EU plantea que la aprobación del plan Rabasa incurrió «clamorosamente» en una desviación de poder a la que pudo contribuir decisivamente Díaz Alperi .
Consideran que el viaje «oficial» que Díaz Alperi y Castedo realizaron a Oporto en 2008 para reunirse con responsables de Ikea antes de la aprobación provisional del texto refundido del plan Rabassa fue «oculto y clandestino», en contra del pronunciamiento del juez instructor de la causa en la providencia que archivaba la imputación a Alperi.
El escrito del letrado José Luis Romero recuerda al juez que Alperi «ya no era alcalde y no ostentaba ninguna competencia oficial sobre la tramitación del plan Rabasa, por lo que su misión en dicho viaje podría haber sido la de defender las expectativas de negocio de Enrique Ortiz con la implantación de la macrosuperficie comercial de Ikea en Rabasa».
Por otro lado, La coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig , exije al líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que aclare su implicación y la de su partido en la investigación judicial en torno al caso Rabasa. La también consellera de Territorio explica que se lo ha requerido por carta.
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