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BURGUERA
Jueves, 16 de octubre 2014, 02:15
Juan Botella, jefe de prensa de José Císcar, recibió el 22 de julio en su despacho al responsable de seguridad del Palau, Rafael Piqueras, llegado al puesto 72 días antes. El policía solicitó al subsecretario de presidencia, Rafael Sánchez Pelejero, que le presentase al asesor del vicepresidente del Consell, quien respondió preguntas sobre filtraciones de documentos relacionados con el presidente Alberto Fabra. La entrevista, o interrogatorio, acabó en dependencias policiales. Botella declara que se sintió fuertemente presionado; Piqueras niega tal presión. Esa discrepancia, reflejada en una investigación interna de la Generalitat presentada ayer tarde, ha culminado con el cese en sus funciones del jefe de escoltas de Fabra y con el envío del expediente a Fiscalía por si existe algún hecho constitutivo de delito.
De esta forma se concluye la investigación administrativa de un extraño suceso. El conseller de Gobernación, Luis Santamaría, se comprometió la semana pasada a cursar un expediente de carácter reservado que ha instruido Manuel Álvaro Rodríguez, jefe de la Policía Autonómica e inmediato superior de Piqueras.
El informe determina que el responsable de la seguridad del Palau actuó por iniciativa propia, y esa actuación individual sin que mediase investigación policial alguna es lo que propicia dos propuestas: iniciar un expediente disciplinario a Piqueras y apartarle de sus funciones como jefe de escoltas. El informe sancionador queda en suspenso debido a que el Consell presentará mañana ante la Fiscalía el informe sobre el encuentro entre el asesor y el policía para que dirima si existe algún tipo de responsabilidad penal. Santamaría destacó que Piqueras no dependía de nadie del Palau de la Generalitat, y que su único jefe es Rodríguez.
El jefe de escoltas destituido, según anunció el conseller, será sustituido provisionalmente desde hoy por el subinspector de la Policía Autonómica Santiago Álvarez.
Santamaría expuso la investigación realizada desde su conselleria tras tomar declaración a una decena de personas. El expediente constata las discrepancias sobre el tono de la conversación («entrevista», según las denominó el titular de Gobernación) entre las dos partes implicadas en ese encuentro, que se produjo primero en el despacho de Botella y que continuó durante algo más de media hora en la sede de la Policía Autonómica, en la antigua estación del Pont de Fusta. Además, al día siguiente, el 23 de julio, Piqueras acudió al despacho de Botella, quien declara en el expediente incoado por Gobernación que no disponía de más información sobre quién es el denominado 'topo del Palau', la persona que ha filtrado datos y documentación sobre el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y su secretaria autonómica de Organización, Esther Pastor.
La investigación administrativa señala que no consta que nadie en presidencia supiera de la existencia de investigación policial alguna en torno a esas filtraciones. No obstante, fuente del entorno de Fabra sí admitieron la pasada semana tener constancia del encuentro entre el asesor y el jefe de escoltas, si bien el expediente determina que no se produjeron más interrogatorios o entrevistas de este tipo en los días posteriores.
Según la versión del responsable de seguridad del Palau, su reunión con el asesor del vicepresidente transcurrió con normalidad, algo que difiere notablemente de la declaración realizada por el responsable de comunicación de Císcar, que además dejó constancia notarial del encuentro, tras el cual se sintió muy impresionado debido a que se consideró amenazado por el jefe de escoltas. En el expediente consta que los policías presentes en la comisaría de Pont de Fusta no advirtieron ninguna «situación anómala» en las entradas y salidas ese día a las dependencias policiales, ni tampoco que nadie entrara «en contra de su voluntad o en un estado de nerviosismo aparente».
Santamaría recalcó que ni él ni nadie de la unidad autonómica adscrita del Cuerpo Nacional de Policía sabían nada de esos encuentros, así como que se enteraron de ellos por los medios de comunicación y decidieron la semana pasada abrir una investigación de carácter interno y reservado ante la supuesta gravedad de los hechos. El conseller explicó que Botella no ha presentado denuncia por esos hechos.
«Cierre en falso»
Para el diputado autonómico del PSPV Rafael Rubio, la destitución del jefe de seguridad de presidencia es «un cierre en falso y un intento de darle carpetazo para que no se sepa la verdad de lo ocurrido». En un comunicado, Rubio señaló que «las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora por la conselleria no cierran el tema porque hay una serie de responsabilidades políticas que siguen ahí».
Si hay delito o no «es una cuestión que tendrá que dirimir el fiscal pero lo que se tiene que explicar a la opinión publica es todo el expediente administrativo que se ha seguido para averiguar lo que ocurrió», según Rubio, quien reclamó a Fabra así como a Santamaría que comparezcan en Les Corts para explicar «de forma exhaustiva no sólo el expediente, sino las actuaciones que se han realizado en todo momento».
«Hasta que no se den explicaciones en clave parlamentaria las sospechas seguirán estando», subrayó Rubio.
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