La presidenta del TSJ reclama más medios para luchar contra la corrupción política

El acto de apertura del Año Judicial se convirtió, de nuevo, en el escenario para reclamar mejoras en la Administración de Justicia. La presidenta del Tribunal Superior, Pilar de la Oliva, expuso las carencias que sufren los jueces y magistrados a la hora de combatir la corrupción. «Nos han faltado medios, muchos medios. Hemos hecho frente a muchas dificultades y obstáculos», sostuvo.

No eludió el espinoso asunto de la corrupción, un mal que afecta a la Comunitat y que ha llegado a colapsar la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. «La corrupción es difícil de destapar y la sofisticación de muchos de sus delitos hace muy difícil pasar de los indicios a las pruebas». Por ello, pidió una «apuesta inequívoca a favor de la lucha contra una delincuencia que se ha servido del amparo del Estado para materializarse».

De la Oliva enumeró algunas de las necesidades: «nuevas leyes, procedimientos, informatización de última generación, policía experta a disposición de los tribunales y un número aceptable de funcionarios». La presidenta comentó, además, algunos asuntos de la actualidad jurídica como la posible reducción del número de aforados.

Sin desvelar su postura sí que apuntó: «No hay que tener miedo a los debates». En la misma línea, también planteó que no sea el TSJ el órgano encargado de enjuiciar casos «del tejido político» porque depende económicamente de él y se relaciona con sus responsables. Estas declaraciones adquieren mayor significado ahora, cuando se cumplen 25 años de la creación del los TSJ. Su concepción original dista mucho del estado actual.

La presidenta del alto tribunal, en su habitual tono alejado de cualquier brusquedad o autoritarismo, ha hecho de la demanda de más medios su principal reivindicación desde que accedió a la presidencia del TSJ. Algunas de sus demandas encuentran destinatario en el Gobierno central, pero otros 'dardos' van directamente hacia el Palau de la Generalitat.

La falta de medios se evidencia en la situación anterior y, en menor medida actual, del TSJ. Pero se hace extensible también a otros juzgados de instrucción en los que se ventilan casos de corrupción sin presencia de aforados.

El discurso de De la Oliva incluyó una idea un tanto utópica: que el Gobierno dé la misma importancia a la Justicia que a la Educación o la Sanidad. Algo que no se ha conseguido nunca ni siquiera en los tiempos de bonanza. La Justicia siempre ha padecido la falta de inversiones. «Una pobreza de medios histórica», lo definió. A todo esto hay que sumar que las reformas anunciadas suelen archivarse en un cajón a medida que avanza la legislatura.

Necesidad de 80 juzgados

No se olvidó de la alarmante carencia de jueces. El Consejo General del Poder Judicial cifra en 80 los nuevos juzgados que deberían crearse en la Comunitat. «Podemos discutir la cifra, pero lamentablemente no la necesidad», puntualizó.

Nada más terminar la presidenta su discurso en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia, el conseller Luis Santamaría compareció ante los medios para 'contraatacar'. Anunció un refuerzo de 16 funcionarios en los órganos judiciales con mayor carga de trabajo. Reconoció que existen carencias en la Administración de Justicia que son necesarias «reforzar o mejorar». Agradeció el tono de «lealtad institucional» que previamente habían mostrado los responsables judiciales.

Otra de las medidas para mejorar los juzgados será una inyección económica que permitirá licitar el nuevo contrato del sistema Cicerone, la aplicación informática que gestiona los procedimientos judiciales.

También la conselleria pondrá solución a uno de los calvarios que cada día sufren jueces y fiscales: el mal funcionamiento de los ordenadores. Resulta frecuente que los equipos se queden bloqueados o que no acepten las claves de acceso. La situación se repite desde hace años. El conseller se comprometió ayer a renovar 3.500 ordenadores de las sedes judiciales.