El instructor del 'caso PGOU' cita al empresario acusado de pagar el jet del viaje de Alperi a Creta

Uno de los imputados por cohecho en la rama urbanística alicantina del 'caso Brugal' se someterá al interrogatorio del instructor que debe cerrar la investigación. Se trata del empresario acusado de pagar hasta 36.000 euros para que el exalcalde de Alicante y exdiputado del Partido Popular en Les Corts, Luis Díaz Alperi, disfrutase de un viaje a Creta en jet privado durante el año 2008, vuelo en el que estaba acompañado por la edil Sonia Alegría. Las pesquisas policiales apuntan al administrador único de Rocafort de Negocios SL, Ricardo Fuster, como el conseguidor de dicho montante, quien se presenta ahora ante el juez de forma voluntaria después de optar por no declarar cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) lo citó por primera vez.

El sumario de la pieza del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante del 'Brugal' recoge presuntos viajes de los que gozaron tanto Alperi como la actual alcaldesa de la ciudad, la popular Sonia Castedo, por los que se les imputan presuntos delitos de cohecho, entre otros cargos, por esas y otras supuestas dádivas, al igual que a los dueños de varias firmas involucradas. Toda la investigación apunta a Enrique Ortiz como el gran beneficiado por el Ayuntamiento de Alicante.

En las conversaciones intervenidas por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) se recoge una reveladora charla entre Ortiz y el sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino, Vicente Cotino, para procurarle a Díaz Alperi su vuelo. Mientras, el exalcalde mostraba un nulo interés por el coste del viaje.

Ante el magistrado Juan Climent, instructor del TSJCV de la causa hasta que Castedo y Alperi renunciaron a su condición de aforados, Ricardo Fuster dio la callada por respuesta hace poco menos de dos años. El empresario se negó a declarar a mediados de noviembre del 2012 en la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal valenciano. Sin embargo, tiempo después rectificó y solicitó al juez poder dar su versión sobre los entresijos que dieron lugar al abono de la factura del periplo heleno. Pese al cambio de idea, el escrito llegó a manos de Climent cuando el órgano competente de investigar los hechos ya era un juzgado de instrucción de la capital alicantina.

Al dejar Alperi y Castedo su acta como diputados autonómicos se precipitaron los acontecimientos y la causa fue devuelta al juez encargado de averiguar si hubo amaños para beneficiar al empresario Enrique Ortiz con la planificación del suelo de la ciudad facilitándole información y allanándole el camino. Por tanto, será el titular de Instrucción 5 del Palacio de Justicia de Alicante, Manrique Tejada, quien recibirá al administrador de Rocafort de Negocios SL, Ricardo Fuster, a quien inculpó de pagar el dinero el administrador único de Rivaflecha, Miguel Ángel Barba, en su declaración ante el juez Juan Climent.

Lejos de dar por conclusa la instrucción de la pieza, Tejada halló un nuevo rastro de dinero entre la firma de Fuster y el exregidor de Alicante, pues las pesquisas encargadas por el juez permitieron destapar la compra por parte de Alperi a Rocafort de Negocios SL de un vehículo de la marca Mercedes de alta gama por valor de 48.720 euros.