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El presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, y el de Coepa, Moisés Jiménez, ni se cruzan la mirada en la asamblea general de septiembre en la que se ratificó la expulsión de las pymes.

El juez admite a trámite la impugnación de Cepyme de los estatutos de Coepa

El magistrado de Primera Instancia de Alicante da veinte días a la patronal para que alegue y envía al Decanato la petición de medidas cautelares

Bernat Sirvent

Martes, 21 de octubre 2014, 01:05

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 12 notificó ayer a la Confederación Empresarial de Pequeñas y Medianas Industrias de Alicante (Cepyme Alicante) la admisión a trámite de la demanda interpuesta hace justo un mes por la supuesta anticonstitucionalidad de los vigentes estatutos que rigen los destinos de la confederación patronal provincial Coepa. El magistrado da veinte días a la entidad que preside Moisés Jiménez Mañas para que conteste a la demanda y envía al Decanato la petición de medidas cautelares, aunque éstas no tienen ya lugar al haberse celebrado ya la polémica asamblea general en la que se ratificó tras la aprobación de nuevos estatutos la expulsión de Cepyme, la más crítica junto a Fempa y Facpyme, para con la confederación empresarial alicantina.

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La demanda se presentó a finales de septiembre, unos días antes de la celebración de la asamblea, para la que se pidió incluso su suspensión por la vía judicial, lo que no llegó a tiempo porque aún ni siquiera se había turnado al juzgado correspondiente.

El juez admite la demanda y la documentación presentada por el procurador que representa a Cepyme y sustancia el proceso por las reglas del juicio ordinario. Además, emplaza a la parte demandada para que conteste en veinte días hábiles con el apercibimiento de que si no comparece en el plazo indicado se le declarará en situación de rebeldía procesal. Advierte, además, a Coepa de que la comparecencia en juicio debe realizarse por medio de procurador y con asistencia letrada.

Cepyme presentó el 23 de septiembre, horas antes de que se celebrara la junta directiva que daba el primer paso para su expulsión como vicepresidente estatutario de Coepa y a la organización de pymes como miembro de pleno derecho, una demanda civil por lo que considera «estatutos torticeros», en alusión a los vigentes, porque «son completamente anticonstitucionales, pues la Constitución obliga a los agentes sociales a organizarse democráticamente y no puede haber democracia cuando los votos de la actual asamblea se compran con talonario y se aplasta la representación de las pequeñas empresas», explicó el presidente de Cepyme, el empresario y abogado Cristóbal Navarro. Ayer, Navarro explicó que con el inicio formal de este litigio «Coepa tiene tres frentes abiertos», en alusión a la otra demanda penal presentada por Cepyme contra la cúpula directiva de Coepa (Moisés Jiménez, el secretario Fermín Crespo y el tesorero Antonio Galvañ) y al proceso de registro de los estatutos nuevos aprobados por un 97% de la asamblea y que deben aún ser validados por la Conselleria de Empleo. Ayer, en una entrevista en el diario 'Expansión', Moisés Jiménez fijó en la segunda semana de diciembre las elecciones para ser reelegido, tras haberse postulado ya. Como explica el propio Navarro, empieza el desfile «judicial» en Coepa. Como informó este diario, el presidente de la Cámara, José Enrique Garrigós, no firmó las cuentas ni la gestión.

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